La lucha contra la extorsión volvió a ocupar el centro de la agenda nacional este miércoles 8 de abril, luego de que las autoridades ejecutaran un megaoperativo en Lima contra una organización criminal dedicada al cobro de cupos a empresas de transporte público. De acuerdo con reportes difundidos durante la jornada, la intervención permitió detener al menos a 16 presuntos integrantes de una red que habría obtenido más de 9 millones de soles mediante amenazas y pagos ilícitos exigidos a transportistas. La República informó que la estructura criminal venía operando desde 2023 y que sus víctimas pertenecían a nueve empresas del sector. ATV añadió que entre los intervenidos figuraban un militar en actividad y un chofer vinculado a una de las rutas afectadas.
Violencia que golpea al transporte
El caso vuelve a poner en evidencia la dimensión del problema que enfrenta el transporte urbano en Lima y Callao. En los últimos meses, la extorsión, el sicariato y las amenazas a choferes se han convertido en una de las mayores preocupaciones del sector, con efectos directos sobre trabajadores y pasajeros. RPP había advertido semanas atrás que el Gobierno presentó una “Fuerza de Tarea Integrada” para enfrentar este tipo de delitos, en respuesta a la escalada de ataques contra empresas de transporte. El operativo de este miércoles muestra un avance policial importante, pero también confirma que el cobro de cupos seguía funcionando con una estructura organizada y capacidad de infiltración.
Más allá del número de detenidos, la noticia deja una conclusión inquietante: la extorsión ya no es un hecho aislado, sino una amenaza sostenida para la movilidad urbana y la seguridad pública. En una ciudad donde miles de personas dependen del transporte formal para trabajar y estudiar, cada golpe contra estas mafias resulta relevante, pero también insuficiente mientras el miedo siga viajando en la misma ruta que los pasajeros.
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