Cuando la burocracia valida servicios que no llegan a los estudiantes

La conformidad otorgada por la UGEL Lauricocha para pagar S/40,600 por un servicio de internet que no funcionó en todas las instituciones incluidas vuelve a poner bajo escrutinio la gestión educativa en Huánuco. El caso no solo expone debilidades administrativas, sino que abre interrogantes sobre el control del gasto público destinado a reducir la brecha digital en zonas rurales. El Oficio de Servicios Nº 054-2025-GRH-GRDS-DRE-UGEL Lauricocha/AGP-JAPC deja constancia de que, entre el 11 de julio y el 10 de agosto de 2025, el servicio de conectividad no operó en al menos tres instituciones educativas por falta de fluido eléctrico. Aun así, el jefe de Gestión Pedagógica, Jorge Abraam Piano Cabello, otorgó conformidad total al servicio, habilitando el pago íntegro a un proveedor privado. El reconocimiento explícito de la inoperatividad no impidió la validación del gasto. La rapidez del trámite acentúa las dudas. El 13 de agosto de 2025, apenas tres días después de culminado el periodo evaluado, se firmó la conformidad que benefició a Infinite Speed Telecomunicaciones SAC, representada por José Luis Velásquez Gudiño, DNI Nº 45061357. La Orden de Servicio Nº 0000068 contemplaba cobertura para 116 instituciones, pero el propio informe técnico admite que en San Marcos de Goshgosh, San Nicolás y Tambopata la conectividad fue nula. No hubo prorrateo ni descuento por servicio no prestado. El documento identifica con precisión a las IIEE Nº 33156, Nº 32585 y Nº 33423 como puntos donde la falta de energía eléctrica impide cualquier acceso a internet. En estos casos, el pago estatal se convierte en un gasto sin retorno pedagógico inmediato. Resulta llamativo que la recomendación de “tomar acciones” o incluso cancelar contratos aparezca solo después de haber autorizado el desembolso completo. Los números refuerzan el cuestionamiento. El expediente Nº 03626255 y el documento Nº 06198857 sustentaron un proceso que conocía las limitaciones técnicas desde el inicio. La CPC. René Fausta Salvatierra Condezo, jefa de Gestión Administrativa, tramitó el pago con base en el Requerimiento Nº 012-2025-GRH-ORDS-DRE-UGEL Lauricocha. Los S/40,600 fueron transferidos al RUC Nº 20603757794 mientras los estudiantes de zonas vulnerables siguen sin conexión. El episodio alcanza una dimensión política. La UGEL Lauricocha, entonces dirigida por Kelvin Álvarez Matos —hoy director regional de Educación de Huánuco—, muestra una eficiencia notable para liberar pagos, pero una débil previsión técnica para garantizar condiciones mínimas de operación. Autorizar el gasto total pese a informes que reconocen incumplimientos podría configurar responsabilidades administrativas. La pregunta pendiente es si este caso derivará en una auditoría formal o quedará archivado, ampliando la distancia entre el presupuesto educativo y las aulas que debería beneficiar.