La controversia por los recibos elevados de agua en Huánuco escaló al terreno legal luego de que Alfredo Quispe de la Cruz informara que el estudio jurídico Cajusol-Abogados asumió su defensa frente a la carta notarial emitida por SEDA Huánuco.
El anuncio se produce después de que Diario Ahora publicara ayer la denuncia de Quispe, quien afirmó haber recibido una segunda carta notarial de la empresa prestadora tras acompañar reclamos de usuarios que cuestionan consumos y montos facturados en sus viviendas.
Quispe señaló, mediante un comunicado público, que Hernán Cajusol Chepe, exdecano del Colegio de Abogados, encabeza su defensa legal. Según indicó, ya fue presentado el descargo correspondiente ante la comunicación notarial enviada por SEDA Huánuco.
La disputa entra al terreno legal
El ciudadano sostuvo que no busca confrontar por intereses personales, sino expresar la preocupación de familias que aseguran no entender ni poder pagar los cobros recibidos. De acuerdo con su pronunciamiento, los reclamos responden a “indignación, preocupación e impotencia” de usuarios afectados.
Quispe advirtió que acudirá a los tribunales de justicia si continúan las acciones que considera intimidatorias. Según manifestó, el objetivo será defender sus derechos fundamentales y evitar que se pretenda silenciar a quienes realizan reclamos públicos.
En la nota publicada por Diario Ahora, Quispe había negado haber difamado a la empresa y sostuvo que las verificaciones realizadas con usuarios tuvieron carácter referencial y ciudadano, mediante comparaciones entre el agua utilizada y el consumo registrado en medidores.
Usuarios esperan revisión institucional
El caso mantiene bajo expectativa a los usuarios que reclaman una revisión de sus recibos y a las instituciones competentes, entre ellas Sunass e Indecopi, mencionadas por Quispe como entidades llamadas a intervenir en la controversia.
El conflicto queda ahora entre una salida administrativa y una eventual disputa judicial. Lo que ocurra en los próximos días definirá si los reclamos ciudadanos ingresan a una revisión institucional o si el caso escala hacia los tribunales.
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