La anulación de una concesión de conservación sobre 3,139 hectáreas de bosque tropical en el distrito de Chaglla ha desencadenado una crisis ambiental, legal y política en Huánuco. La medida, formalizada el 13 de octubre de 2025 mediante la Resolución N.° 00489-2025-GR-DRA-HCO, dejó expuesto un ecosistema que alberga al menos 500 especies de orquídeas y fauna amenazada como el oso de anteojos, según detalla una investigación basada en expedientes oficiales. Desde entonces, se reporta un incremento sostenido de tala y ocupación del área.
El santuario de biodiversidad conocido como Monte Verde había sido otorgado como concesión en 2025 tras cumplir los lineamientos forestales vigentes, según la documentación revisada. Sin embargo, la Dirección Regional de Agricultura (DRA) de Huánuco declaró la nulidad del título sin una inspección de campo previa ni evaluación del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR), lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento administrativo.
El proceso no ocurrió en aislamiento. La investigación señala que la decisión se produjo en medio de presión social y política liderada, presuntamente, por el alcalde de Chaglla, Alejandro Carbajal Duran, quien habría movilizado pobladores hacia la ciudad de Huánuco para exigir la nulidad del proyecto. Según el informe, estas acciones se vinculan a intereses electorales que alcanzarían al Gobierno Regional.
Irregularidades administrativas bajo cuestionamiento
La Asociación de Protección de Bosques Tropicales Monte Verde denunció una serie de hechos que califica como abuso de autoridad y fraude procesal. Entre ellos figura la salida del ingeniero Javier Raúl Fasabi Vela, entonces administrador técnico de la ATFFS Leoncio Prado, quien defendió la legalidad de la concesión mediante informes técnicos antes de ser retirado de su cargo.
Posteriormente, la propia directora regional y su reemplazo renunciaron tras la nulidad.
El expediente también consigna la validación de argumentos que señalaban la existencia de infraestructura pública —colegios y hospitales— dentro del área concesionada. Sin embargo, según el polígono oficial, dichos elementos no existen en las 3,139 hectáreas involucradas. A ello se suma la presunta ocultación de cartas de socialización dirigidas a la población de Pucaplaya, lo que habría limitado el acceso a información sobre el carácter no maderero del proyecto.
Desde la anulación, el impacto en campo se ha acelerado. Pobladores de zonas aledañas han iniciado procesos de tala, quema y roce para expandir la frontera ganadera, lo que compromete la capacidad del ecosistema para retener agua y eleva el riesgo de una crisis hídrica en Chaglla, según advierte la asociación. “La conservación no puede quedar subordinada a intereses particulares”, manifestó Richar Dario Morales Gonzales, presidente de la organización.
Investigaciones abiertas y presión internacional
En el frente legal, el Ministerio Público mantiene en trámite una denuncia penal contra la DRA de Huánuco por presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y fraude procesal, conforme detalla el expediente. Paralelamente, la Contraloría General de la República registró el caso bajo el número 0820260200637 para evaluar posibles vulneraciones a principios de legalidad y debido procedimiento.
A nivel internacional, organizaciones como Environmental Investigation Agency (EIA) y Transparency International han iniciado evaluaciones del caso tras detectar riesgos para la gobernanza ambiental en el país. Según el documento, la anulación de Monte Verde podría afectar al menos otras siete propuestas de conservación en la región, ampliando el impacto más allá de las 3,000 hectáreas ya comprometidas.
El caso plantea implicaciones que trascienden lo ambiental. En el plano legislativo, abre un debate sobre la seguridad jurídica de las concesiones forestales; en el económico, compromete inversiones vinculadas a conservación; en el social, expone a comunidades a riesgos hídricos; y en el electoral, introduce tensiones en la antesala de futuros procesos regionales. Mientras las investigaciones avanzan, el bosque continúa perdiendo cobertura día a día, dejando abierta una interrogante clave: ¿puede el Estado revertir un precedente que ya empieza a replicarse en otras zonas?
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