Lorenzo Silva Céspedes, gerente de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Huánuco, reconoció que botadero de Chilepampa, denominado oficialmente como “relleno sanitario”, presenta deficiencias estructurales críticas derivadas de un diseño defectuoso que calificó como un "copia y pega". Las fallas, que incluyen el bloqueo de sumideros de lixiviados y filtraciones internas, han motivado la intervención del Ministerio Público y la OEFA, poniendo en riesgo la disposición final de 200 toneladas diarias de basura generadas por la provincia.
El funcionario sostuvo que el proyecto, iniciado en 2017, no fue adaptado a las condiciones geográficas y pluviales de la zona. Según su versión, las celdas de tratamiento sufrieron colapsos operativos debido a la excesiva precipitación y a la alta pendiente del terreno, factores que no habrían sido previstos en el expediente técnico original. La situación ha forzado a la actual administración a operar bajo un esquema de emergencia para evitar un colapso sanitario.
El impacto ciudadano es directo: la ciudad y sus distritos aledaños —Amarilis, Pillco Marca y Santa María del Valle— dependen exclusivamente de esta infraestructura para el manejo de sus desechos. Silva Céspedes admitió que la municipalidad se ha visto obligada a realizar una "recepción parcial" de las pozas para disponer los residuos, a pesar de que la estructura no cuenta con las garantías técnicas necesarias para operar bajo estándares óptimos de seguridad ambiental.
Un diseño bajo sospecha y el peso de la herencia
Silva Céspedes deslindó responsabilidades directas alegando que su gestión inició en 2024, señalando a la administración de Aníbal Solórzano como la responsable de la planificación inicial del proyecto. "Un proyecto se trabaja en plano, pero parece que no lo trabajaron así; lo han hecho en copia y pega", afirmó el gerente ante las interrogantes sobre la idoneidad del estudio de factibilidad que, en su opinión, ignoró el clima y la geografía de la zona.
La tensión se agudiza tras el reciente informe de la Fiscalía de Medio Ambiente, que advierte sobre presunta contaminación y dispersión de residuos sólidos en el área. Aunque el gerente negó que los lixiviados hayan traspasado el perímetro del terreno, admitió que el bloqueo de los sumideros por las lluvias ha generado filtraciones internas. Asimismo, reconoció que la acción del viento dispersa basura cuando no se realiza el soterrado inmediato, un problema que la OEFA ya ha formalizado en seis observaciones.
La municipalidad dispone ahora de un margen de 25 a 30 días para levantar las observaciones planteadas por el organismo evaluador. De no cumplirse con los plazos, el relleno podría enfrentar sanciones económicas y medidas administrativas que agravarían la logística de limpieza pública. "Estamos levantando todas las observaciones; el proyecto tiene que entrar a un trabajo de prevención para evitar cualquier colapso", precisó el funcionario edilicio.
El riesgo sistémico en la disposición de residuos
El caso de Chilepampa revela una fragilidad sistémica en la gestión de infraestructura ambiental de la región. El desfile de cinco contratistas desde 2017 y el recurrente abandono de obras por la complejidad del terreno sugieren una cadena de omisiones en la supervisión por parte de los regidores y alcaldes de al menos tres gestiones anteriores. Esta falta de control técnico ha derivado en una estructura que, según Silva, solo revela sus fallas ahora que ha entrado en funcionamiento.
La viabilidad del ambicioso plan de segregación obligatoria de residuos —anunciado para mayo en sectores como La Quinta— depende, en última instancia, de que la disposición final sea segura. Mientras se espera el cumplimiento del cronograma de la OEFA, persiste la duda sobre si las correcciones actuales serán suficientes para subsanar un error de diseño original. El siguiente capítulo se definirá a finales de mes, cuando la fiscalía ambiental evalúe si la estructura es apta para seguir operando o si representa un peligro inminente para el ecosistema local.
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