La Procuraduría del Gobierno Regional de Huánuco formalizó una denuncia penal por prevaricato y abuso de autoridad contra la jueza Dora Jara, tras el inicio de la demolición de la infraestructura del Centro de Salud de Ambo. La medida legal busca frenar la destrucción de una obra pública en ejecución, cuya posesión y titularidad se encuentra en disputa legal entre el Estado y un tercero favorecido por un fallo judicial de 2017.
La consejera regional por Ambo sostuvo que el conflicto se origina en una sentencia dictada hace nueve años en un proceso entre particulares, en el cual no fueron incorporadas la Dirección Regional de Salud (Diresa) ni el Gobierno Regional. Pese a que el predio figura inscrito ante Sunarp como donación a favor de la Diresa desde 2019, una orden judicial reciente permitió el ingreso al local para iniciar su desmantelamiento.
El desmantelamiento de la estructura comenzó la noche del pasado domingo y se prolongó hasta el lunes, afectando una obra que aún se encuentra bajo responsabilidad del contratista. Según la representante regional, la destrucción fue suspendida tras la intervención policial y la presentación de una demanda de amparo con medida cautelar para salvaguardar el patrimonio estatal frente a la decisión de la magistrada Jara.
Choque de títulos y omisiones procesales
La controversia legal radica en la validez de los actuados judiciales frente a la realidad registral del inmueble. La consejera denunció que el acta de administración posesoria otorgada a favor de Rafaela Morales el pasado 10 de abril omitió deliberadamente la existencia de la partida que acredita la propiedad pública. "Ninguno puede venir y destruir un bien del Estado que está en pleno proceso de construcción", enfatizó la autoridad.
Ante este escenario, la defensa del Gobierno Regional interpuso además una denuncia por usurpación de posesión contra el abogado de la contraparte y la jueza encargada del caso. La Procuraduría sostiene que el inmueble no solo es de titularidad pública por donación inscrita, sino que alberga una inversión estratégica diseñada para garantizar el derecho a la salud de la población ambina.
El impacto de la medida ha generado una profunda incertidumbre entre el personal médico y la sociedad civil, quienes el último martes inspeccionaron los daños junto al alcalde provincial. La paralización de la demolición es, por ahora, una tregua precaria supeditada a que el Poder Judicial resuelva los recursos de emergencia presentados para evitar la pérdida total de la infraestructura sanitaria.
El incierto futuro de la infraestructura sanitaria
La crisis en Ambo revela una grave falta de coordinación entre el sistema judicial y los registros públicos, dejando al Estado en una posición de vulnerabilidad frente a fallos de antigua data. Mientras la Procuraduría intenta revertir la orden de la jueza Jara, la obra permanece en un limbo legal que impide su continuidad y pone en riesgo los fondos públicos ya invertidos en la construcción.
El desenlace de esta crisis institucional ahora depende de la celeridad con la que se tramite la medida cautelar y la respuesta del órgano de control de la magistratura sobre la actuación de la jueza. Los pacientes de la provincia quedan a la espera de saber si su centro de salud podrá ser rescatado o si el conflicto por la propiedad del terreno anulará definitivamente el proyecto hospitalario.
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