La disputa por el terreno del Centro de Salud de Ambo escaló a un nuevo frente judicial. El procurador del Gobierno Regional de Huánuco afirmó que la Dirección Regional de Salud es propietaria del predio desde 2012 y cuestionó que una resolución judicial haya entregado la posesión a una persona que, según precisó, no discutió propiedad sino posesión en un proceso penal iniciado en 2015 y concluido en 2018.
El procurador indicó que el Gobierno Regional presentó una acción de amparo y solicitó una medida cautelar ante el Segundo Juzgado de Familia. Según manifestó, el plazo máximo para resolver el pedido vencía el mismo día de la entrevista, mientras la infraestructura de la obra seguía expuesta a nuevos daños.
La controversia, de acuerdo con el procurador, se origina en una denuncia por presunta usurpación presentada en 2015. Ese proceso terminó en 2018, pero no tuvo como parte a la Dirección Regional de Salud ni a la Procuraduría Pública Regional. Por esa razón, sostuvo, el Gobierno Regional no intervino en el expediente.
La propiedad y la posesión chocan
El punto central del conflicto, según explicó el procurador, es la diferencia entre propiedad y posesión. La sentencia penal, precisó, habría reconocido una situación posesoria, pero no habría definido la titularidad del terreno. Para la Procuraduría, ese dato es clave porque la Diresa mantiene una inscripción registral del predio.
El funcionario sostuvo que la entidad cuenta con dos inscripciones registrales que, según afirmó, acreditan a la Dirección Regional de Salud como propietaria. También señaló que no solicitó información adicional a Sunarp porque, desde su posición, no existía razón para hacerlo mientras la entidad contaba con documentación registral propia.
Una obra pública bajo presión judicial
Sobre los daños en la infraestructura, el procurador reconoció que pidió información a la Municipalidad Provincial de Ambo porque se trata de una obra en ejecución. Indicó que, cuando reciba esa documentación, evaluará si corresponde solicitar algún tipo de resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
El caso deja expuesto un problema mayor: una obra de salud puede quedar paralizada o dañada por una disputa no resuelta entre posesión, propiedad y ejecución de sentencia. Según el procurador, la administración otorgada por el juez respondió a un proceso penal anterior, pero encontró ahora un predio ocupado por una infraestructura vinculada a la Diresa.
La Procuraduría mantiene que la medida cautelar es el paso inmediato para detener nuevos actos sobre el terreno. Lo que resuelva el juzgado marcará si la obra recupera control institucional o si la controversia seguirá trasladando el costo a los usuarios del servicio de salud en Ambo.
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