Una comisión de alto nivel de la Defensoría del Pueblo investiga la presunta negligencia de procuradores públicos tras la demolición parcial del nuevo centro de salud de Ambo. Las pesquisas buscan determinar por qué la defensa del Estado no habría impugnado un proceso judicial que permitió la destrucción de ambientes técnicos ya equipados. Marco Durand Rocca, jefe de la sede defensorial en Huánuco, advirtió que la omisión institucional afectó el derecho a la salud de 50.000 habitantes.
El equipo legal, enviado por disposición del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, se encuentra en la provincia de Ambo para acopiar medios probatorios y revisar el expediente penal. Según Durand Rocca, se analiza si hubo un “festinado de trámites” que favoreció a una ciudadana en un litigio por posesión iniciado desde 2011. La investigación apunta al desempeño de las procuradurías de la Municipalidad Provincial de Ambo y del Gobierno Regional de Huánuco.
El conflicto se originó cuando una pobladora, amparada en un certificado de posesión sobre más de 400 metros cuadrados, obtuvo una orden judicial de ministración del terreno. Sin embargo, Durand Rocca precisó que la autoridad judicial no autorizó la demolición ni el desalojo de la infraestructura sanitaria. La incursión terminó con la destrucción de ambientes diseñados para atención médica y el daño de equipos que, según indicó, estaban listos para ser entregados.
Desidia en la defensa estatal
La Defensoría identificó un “silencio extraño” por parte de los defensores legales del Estado, quienes habrían omitido responder notificaciones del juzgado de Ambo. Durand Rocca sostuvo que las procuradurías no presentaron alegatos, apelaciones ni impugnaciones durante el proceso. Esa falta de defensa permitió que el juicio avanzara con las pruebas de la demandante, pese a que el terreno había sido inscrito y transferido al sector Salud.
El terreno original, de 3.000 metros cuadrados, fue saneado por la Municipalidad Provincial de Ambo en poco más de 2.000 metros antes de ser donado al sector Salud, según explicó el jefe defensorial. No obstante, el certificado de posesión de la demandante habría sido emitido antes de la donación, lo que generó una superposición que, de acuerdo con Durand Rocca, debió ser enfrentada por las procuradurías desde el inicio del proceso.
El jefe defensorial también cuestionó la actuación del Ministerio Público ante lo que calificó como un “delito flagrante” contra la propiedad pública. Durand Rocca señaló que la infraestructura no era una construcción común, sino un establecimiento destinado a la atención sanitaria. La comisión recogerá información en la Diresa, la Procuraduría Pública Regional y la Municipalidad Provincial de Ambo para establecer responsabilidades.
Riesgos institucionales y vacío sanitario
La intervención defensorial culminará con recomendaciones dirigidas a los órganos de control del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado. Según Durand Rocca, el objetivo es identificar conductas omisivas y determinar en qué instancia falló la defensa de los intereses públicos. El informe también deberá precisar si hubo negligencia individual o una falla institucional en la protección de bienes estatales.
El caso deja en incertidumbre el futuro de la atención médica en una provincia donde el centro de salud era una de las principales infraestructuras sanitarias proyectadas. Queda pendiente determinar si la Fiscalía iniciará acciones penales por la destrucción de ambientes y equipos médicos. El siguiente paso institucional definirá si Ambo recupera el proyecto o enfrenta un nuevo retraso en su principal servicio de salud.
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