El Gobierno Regional de Huánuco (Goreh) logró la admisión de una demanda constitucional de amparo contra la jueza Dora Jara Vargas, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ambo, por la presunta vulneración del derecho a la propiedad y al debido proceso. El recurso legal busca anular un acta de ministración de posesión que, el pasado 10 de abril, despojó a la Dirección Regional de Salud (Diresa) de un terreno estratégico donde opera el Centro de Salud de la provincia, afectando la infraestructura y el equipamiento médico.
La magistrada Juana Silvia Cercedo Falcón, del Segundo Juzgado Civil, admitió el trámite bajo el expediente 00449-2026 y programó la audiencia única para el próximo 14 de mayo a las 11:15 horas. La controversia gira en torno a un predio de 3,971.21 metros cuadrados, inscrito en la Partida N.° 11094278, cuya titularidad ostenta la Diresa desde julio de 2011, pero que fue entregado a particulares en cumplimiento de una sentencia penal en la que el Estado asegura no haber sido parte.
Juan Carlos Nolorve Rojas, procurador público regional, sostiene que la jueza de Ambo ejecutó un fallo derivado del expediente 28-2013 contra un "tercero ajeno al proceso". Según la demanda, ni el Gobierno Regional ni las autoridades de salud fueron emplazadas en dicha causa penal, lo que les impidió ejercer su derecho a la defensa antes de que se ordenara la desocupación de un área que alberga camillas, instrumental médico y mobiliario esencial para la atención de pacientes.
El conflicto por el predio de la Diresa
La tensión jurídica radica en la aparente colisión entre una sentencia penal firme y el derecho de propiedad registrado del Estado. El procurador Nolorve precisó que la ejecución de la medida, concretada el 13 de abril, no consideró que el Centro de Salud de Ambo es un servicio público crítico. El Gobierno Regional ha solicitado, además, una medida cautelar de no innovar para suspender los efectos del acta judicial y restituir de inmediato la posesión del inmueble a la Red de Salud.
Por su parte, el Segundo Juzgado Civil ha otorgado un plazo de diez días hábiles a la jueza Jara Vargas y a la Procuraduría del Poder Judicial para que presenten sus descargos técnicos. La resolución también ordena notificar a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y a la Odecma, ante la gravedad de las acusaciones sobre una presunta extralimitación de funciones que habría ignorado la naturaleza pública del predio en disputa.
El caso revela una profunda falla en la coordinación sistémica entre las instancias penales y la administración de bienes estatales. Mientras la jueza de Ambo defiende la ejecución de un mandato judicial de larga data, la Procuraduría Regional advierte que permitir el desmembramiento del Centro de Salud de Ambo sienta un precedente peligroso para la seguridad jurídica de los activos públicos en la región, supeditando servicios de salud básicos a litigios particulares.
Implicancias para la salud pública
El impacto ciudadano es inmediato: la pérdida de posesión de los casi 4,000 metros cuadrados limita la capacidad de respuesta sanitaria en una provincia que depende de esa infraestructura para cirugías menores y consultas especializadas. Médicos y personal asistencial han reportado que el traslado o la inmovilización de equipos, derivado del acta de ministración, compromete la cadena de atención de pacientes que ya se encontraban en tratamiento.
La audiencia virtual del 14 de mayo será decisiva para determinar si el Juzgado Civil suspende la orden de la jueza de Ambo. Lo que está en juego no es solo un lote de terreno, sino la validez de los registros de propiedad del Estado frente a sentencias penales emitidas sin la participación de las entidades afectadas. El fallo final marcará el futuro del Centro de Salud y la responsabilidad administrativa de los magistrados involucrados en este inusual desalojo.
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