El Colectivo Ambiental Región Huánuco presentó el lunes 12 de octubre seis escritos sobre la obra de la laguna Viña del Río, en Huánuco. Los dirigió a la Fiscalía Ambiental, al Órgano de Control Institucional (OCI) y al Concejo de la Municipalidad Provincial, entre otras oficinas. Su pregunta de fondo: quién fiscaliza la obra.
Diario Ahora revisó la primera página de cada escrito, con su sello de recepción. Ninguno acusa a una persona con nombre: el colectivo pide investigar a «quienes resulten responsables» y deja a la Fiscalía la evaluación de los hechos.
Lo que pide a la Fiscalía
Ante la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental, el colectivo amplió una denuncia en curso. Pide investigar a quienes resulten responsables en la Municipalidad «por no fiscalizar las obras sin licencia» en la laguna, por hechos posteriores al 30 de septiembre.
El escrito apunta a los cargos, no a nombres: quienes desde el 14 de septiembre ocuparon la Subgerencia de Control Urbano y Catastro, la Gerencia de Infraestructura y Ordenamiento Territorial y la Gerencia Municipal. Invoca los artículos 377 y 314 del Código Penal, cuya relevancia, dice, se examina «en abstracto».
Pide a la Fiscalía requerir los expedientes municipales y las actas de inspección del predio desde el 1 de junio «o, en su defecto, la constancia de que no existen». Según el colectivo, entre el 14 de septiembre y el 9 de octubre presentó cinco solicitudes a la comuna y no le notificaron ninguna inspección ni acta de fiscalización.
Una licencia observada
El 18 de septiembre, la Subgerencia de Control Urbano y Catastro informó que el pedido de licencia del Consorcio Ejecutor Laguna seguía observado. «No corresponde señalar que se haya otorgado la licencia de edificación solicitada», dice la Carta 300-2026, según publicó Diario Ahora.
Ante esa misma oficina, el colectivo pidió declarar improcedente la licencia. Sostiene que el predio no tiene parámetros edificatorios, porque su certificado los remite a un Plan Específico que no se ha aprobado. Y que hay obras en el cuerpo de agua y la faja marginal del río Higueras sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
La ANA lo dejó por escrito el 28 de septiembre: «la existencia de una solicitud en trámite no constituye por sí misma autorización para ejecutar las obras». Sus técnicos encontraron el 16 de septiembre el área cercada y maquinaria en movimiento, aunque no vieron daños en el cauce.
El acuerdo que no aparece
El escrito al Concejo plantea otra cuestión. La laguna está inscrita a favor de la Municipalidad (Partida 02009260) y su agua se usa con una licencia municipal. Desde al menos el 7 de septiembre está cercada, con el espejo de agua seco y maquinaria, para una obra regional de 540 días.
La Ley Orgánica de Municipalidades reserva al Concejo aprobar los convenios interinstitucionales y cualquier cambio en la posesión de un bien municipal, recuerda el escrito. Según el colectivo, el único convenio conocido con el Gobierno Regional, del 23 de noviembre de 2024, «tiene por objeto formular y evaluar proyectos, no ejecutarlos». Pide que el Concejo verifique si existe el acuerdo que autorizó ocupar la laguna, entregue información e instale un espacio de diálogo.
El alcalde Antonio Jara dio su versión en agosto: el Concejo transfirió la unidad ejecutora al Gobierno Regional y la comuna entregó el terreno. «Yo estoy de acuerdo en la ejecución de la obra», dijo, aunque admitió que no recibió el expediente técnico.
El control y el MEF
Al OCI de la Municipalidad, el colectivo le pidió un servicio de control sobre la licencia, la falta del Plan Específico y la falta de inspección de las obras. Ese escrito tiene el sello de recepción del 12 de octubre.
En el Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF, el proyecto del Gobierno Regional figura «activo», con un costo actualizado de S/ 30 443 386,37. Su ejecución se registra desde el 1 de junio de 2026.
La otra versión
El gobernador Antonio Pulgar defendió la obra el 7 de octubre, junto al cerco. «Pero no sé de dónde sale esa información que se quiere talar árboles», dijo. Según la Contraloría, el plan contempla talar 95 de 237 árboles, informó Diario Ahora el 6 de octubre.
En los tribunales, el colectivo perdió en primera instancia su propio amparo y apeló. Otro amparo, del decano del Colegio de Abogados, tenía audiencia virtual programada para la mañana del lunes 12. Y la Fiscalía de Prevención del Delito rechazó en septiembre un pedido preventivo del colectivo: dijo que paralizar obras sin licencia corresponde a la Municipalidad.
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