TC anula orden de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón

El Tribunal Constitucional (TC) ha emitido pronunciamientos que modifican sustancialmente la situación jurídica y las medidas de detención que pesaban sobre el exgobernador regional de Junín y líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, quien permanece en la clandestinidad desde hace casi tres años.

A través de la evaluación de recursos de hábeas corpus interpuestos por su defensa legal, el colegiado dispuso anular resoluciones judiciales referidas tanto a órdenes de prisión preventiva como a condenas de prisión efectiva, lo que marca un giro determinante en su proceso legal.

Fallo clave sobre prisión preventiva

En uno de los fallos más determinantes respecto a su libertad personal, el TC declaró fundado un recurso contra el mandato de prisión preventiva que se le impuso en el marco del proceso penal que se le sigue por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

La resolución del tribunal invalidó las decisiones judiciales de las salas penales que ratificaban la medida limitativa de libertad, al considerar que se vulneró el derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones en conexión con la libertad personal.

Asimismo, el colegiado ordenó que el juzgado correspondiente dicte medidas alternativas para asegurar la presencia de Cerrón en el juicio sin recurrir a la reclusión preventiva, evitando actos de obstaculización procesal.

Otras resoluciones: casos 'Aeródromo Wanka' y La Oroya

Esta determinación se suma a decisiones anteriores del máximo tribunal en las que también se invalidaron condenas penales que implicaban penas privativas de la libertad. En el emblemático caso 'Aeródromo Wanka', el TC anuló la sentencia de tres años y seis meses de prisión efectiva al concluir que la sala de la Corte Superior de Justicia de Junín no argumentó ni sustentó debidamente por qué desestimó el pedido de prescripción del delito formulado por la defensa técnica.

De manera similar, en el proceso penal por el Saneamiento de La Oroya, el colegiado dejó sin efecto la condena por el delito de colusión, argumentando que las resoluciones judiciales impugnadas no precisaron con suficiencia los hechos que demostraban un interés indebido o la culpabilidad del exgobernador en el ejercicio de sus funciones públicas.