Las denuncias por cobros elevados en los recibos de agua han vuelto a colocar en el centro del debate la gestión de Seda Huánuco y la transparencia con la que se administra uno de los servicios públicos más sensibles para la población. Cuando un hogar percibe que paga más por el mismo consumo —o incluso por un servicio irregular— la relación entre ciudadano y empresa pública entra en una zona de desconfianza que ninguna institución debería ignorar. Las advertencias formuladas por la Defensoría del Pueblo refuerzan esa preocupación. El jefe de la oficina defensorial en Huánuco, Marco Durand Rocca, indicó que en las últimas semanas diversos usuarios acudieron a la entidad denunciando incrementos en sus recibos que no guardan relación con su consumo habitual de agua. Según explicó, algunos medidores revisados por una empresa calibradora independiente habrían mostrado indicios de registrar consumos mayores a los reales, lo que podría derivar en pagos indebidos por parte de los usuarios. El problema no se limita a una discusión técnica sobre equipos de medición. Lo que está en juego es la credibilidad de un sistema que administra un servicio esencial para miles de familias. Si los ciudadanos perciben que los medidores no reflejan el consumo real o que la facturación no es transparente, el conflicto deja de ser administrativo y se convierte en un problema de confianza institucional. Según recordó Durand, en una reunión realizada semanas atrás en la municipalidad de Huánuco participaron representantes de Seda Huánuco y de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). En ese encuentro la empresa se comprometió a aplicar medidas técnicas para evitar que la presencia de aire en las tuberías altere el funcionamiento de los medidores. Sin embargo, el propio defensor advirtió que hasta ahora no se observan resultados concretos. El debate también pone bajo cuestionamiento el argumento de la modernización del sistema de medición. Actualizar equipos y renovar tecnología puede ser parte de un proceso necesario en cualquier servicio público. Pero una modernización que genera dudas sobre la exactitud de los cobros difícilmente podrá consolidar la confianza de los usuarios. En ese escenario, el rol de la Sunass adquiere una importancia central. Como ente regulador del servicio de saneamiento, le corresponde supervisar que los sistemas de medición funcionen conforme a las normas técnicas y que los usuarios reciban información clara sobre cómo se calcula su consumo. La experiencia en diversas ciudades del país muestra que los conflictos entre empresas prestadoras y ciudadanos suelen escalar cuando la información técnica no se explica con claridad. La transparencia, en este caso, no es un detalle administrativo: es una condición básica para la legitimidad del servicio. Si las dudas persisten y los reclamos continúan creciendo, la pregunta que quedará instalada en Huánuco será inevitable: ¿cuánto puede sostenerse la confianza pública cuando los propios recibos se convierten en motivo de sospecha?
