Enrique Silva Villanueva, jefe de Osiptel en Huánuco, alertó sobre la persistencia de llamadas de acoso comercial y la creciente preocupación por estafas telefónicas en la región. Para enfrentar este problema, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulsa un proyecto de ley que crea el prefijo 500, destinado exclusivamente a proveedores de servicios para que el usuario pueda identificarlos y bloquearlos.
La medida responde a una distorsión del mercado donde empresas bancarias y comerciales insisten en llamadas no deseadas a pesar de la negativa expresa del consumidor. Silva precisó que Indecopi ya ha sancionado a entidades como Scotiabank y BBVA por estas prácticas agresivas, pero la falta de una identificación clara en los números entrantes dificulta hoy la defensa del ciudadano ante el spam masivo.
Además de la regulación comercial, las empresas operadoras han iniciado la suspensión de líneas prepago que presenten datos inconsistentes en sus registros de abonados. Silva explicó que este proceso busca depurar el sistema de aquellos números que solo consignan un DNI sin nombres completos, otorgando un plazo de regularización antes de proceder a la desactivación inmediata del servicio.
Control de ventas y seguridad ciudadana
El jefe regional de Osiptel recordó que la venta de chips en la vía pública es considerada un delito desde el año pasado. Aunque la comercialización ambulatoria ha disminuido, persisten casos en mercados y espacios públicos donde delincuentes acceden a líneas para fines delictivos, evadiendo los controles de seguridad y vulnerando la identidad de los titulares originales.
Como medida preventiva, el regulador ha establecido que cada abonado puede tener un máximo de siete líneas activas. Silva instó a los usuarios a utilizar la herramienta digital "Chequea tus líneas" para verificar su titularidad y solicitar la baja de chips que no tengan en su poder, ya que estos podrían estar siendo utilizados por terceros para realizar actos ilícitos sin el consentimiento del dueño.
En casos de extorsión o amenazas, el funcionario aclaró que el ciudadano debe acudir a una comisaría para formalizar la denuncia penal. Una vez registrado el hecho, la Depincri y el Ministerio Público pueden acceder a un módulo de consulta rápida para rastrear al responsable y solicitar el levantamiento respectivo que permita identificar plenamente al titular de la línea desde donde se emite la perturbación.
La eficacia de esta nueva serie numérica y la depuración de registros dependerá de la celeridad en la aprobación legislativa y de la fiscalización constante sobre las operadoras. El escenario futuro se define por la capacidad de las autoridades para erradicar definitivamente la informalidad en la venta de chips, un foco que sigue alimentando la vulnerabilidad de las comunicaciones privadas en la región.
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