Sobre las declaraciones presidenciales, la coherencia institucional y la factura que tarde o temprano pagará el país. Por Mg. Wily M. Alvarez Pasquel No deja de ser llamativo —y ciertamente preocupante— que el presidente de la República haya decidido referirse a los economistas como “Un simple sociólogo que conoce un poco de matemáticas, nada más”. La frase, más que una opinión, revela una incomodidad profunda con aquello que la economía exige: disciplina, evidencia y, sobre todo, números que cuadran. No sorprende, quizá, viniendo de quien fue decano del Colegio de Abogados de Lambayeque y cuya gestión fue señalada por presuntos manejos irregulares. Tal vez por eso la matemática le resulte tan antipática: los números no admiten acomodos, no se prestan a historias creativas, no permiten hacer magia con los recursos. La economía es lo que es: si entra menos de lo que sale, alguien queda endeudado. Si se gasta sin criterio, alguien terminará pagando. Y es aquí donde la ironía se vuelve inevitable. Porque para cuestionar la formación económica hay que, como mínimo, demostrar solvencia profesional propia. Una solvencia que, en este caso, ha sido puesta en entredicho más de una vez. No estamos ante un debate técnico: estamos ante una reacción política frente a la incomodidad que produce la aritmética cuando los números no acompañan las decisiones. La economía, aunque algunos intenten minimizarla, no es un adorno académico ni una ocurrencia de tecnócratas. Es la arquitectura silenciosa que sostiene el funcionamiento del país, la disciplina que convierte datos en decisiones, límites en prioridades y recursos escasos en estrategias viables. Cuando un presidente descalifica a los economistas, no está atacando a una profesión: está revelando su incomodidad con la evidencia, con el cálculo y con la responsabilidad numérica que exige gobernar. Basta mirar al Banco Central de Reserva, quizá la institución más respetada del Estado peruano, para entenderlo. ¿Quiénes lo conducen? Economistas formados, rigurosos, acostumbrados a hablar el lenguaje de la estabilidad, de los modelos, de los balances macroeconómicos. Allí no prospera el grito ni la consigna; prosperan los argumentos y las cifras. Y para mantener la inflación baja, estabilizar expectativas y evitar crisis monetarias, no se apela al derecho penal ni a la retórica jurídica: se apela a matemáticas, estadística, teoría económica y rigor técnico. Es irónico —y hasta revelador— que las pocas instituciones que aún generan confianza en el país estén lideradas por la profesión que el mandatario intenta ridiculizar. Mientras algunos improvisan discursos sobre lo que creen que debería ser la economía, los economistas hacen lo que sí debe ser: proyectar escenarios, ordenar el presupuesto, advertir riesgos y sostener la frágil estructura fiscal que evita que el país se desmorone un lunes cualquiera. Si la política se diera el lujo de escuchar más economía y menos ocurrencias, quizá la estabilidad no dependería de voluntarismos, sino de racionalidad. Pero la ironía no termina ahí. Porque mientras el presidente juega a menospreciar disciplinas que no comprende, su Congreso —ese mismo que lo colocó en el cargo con una aprobación que apenas alcanza un dígito— ha decidido embarcarse en una farra fiscal de proporciones históricas. Cada periodo legislativo tiene su cuota de populismo presupuestal, pero esta vez la audacia ha alcanzado niveles de temeridad. Se aprueban beneficios multimillonarios sin una sola línea de financiamiento responsable. Se legisla como si el presupuesto fuera una chequera inagotable. Y detrás de cada ley, aparecen los mismos operadores de siempre: los que buscan quedar “en la historia” como defensores del pueblo, pero que en realidad están hipotecando el futuro de ese mismo pueblo. Aquí la economía vuelve a poner orden: si se paga más a unos, alguien recibirá menos. Si se expanden beneficios sin ingresos adicionales, se recorta inversión, se frenan obras, se congelan proyectos. Aquello que parece un acto de justicia inmediata se convierte, semanas después, en carreteras postergadas, postas sin equipamiento y hospitales que nunca se construyen. Y si la solución fácil es “cobrar más impuestos a los grandes”, la consecuencia es igual de simple: esas empresas trasladan el costo. ¿Quién paga? El ciudadano. Siempre el ciudadano. El que compra pan, el que paga servicios, el que no tiene cómo absorber variaciones en precios. El discurso anti-burocracia se vuelve todavía más absurdo ante esta realidad. Porque si, como algunos congresistas repiten, la administración pública está llena de corruptos e incapaces, ¿por qué ahora se premia precisamente a ese aparato que antes era presentado como inservible? O son incompetentes —como sostienen cuando conviene— o trabajan con esfuerzo y merecen mejoras —como afirman cuando están en campaña—. Pero ambas cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. La coherencia, ese recurso escaso, parece haberse agotado. Mientras tan
