Una grave denuncia pública ha puesto en el centro del debate la actuación de efectivos policiales en Huánuco. Carmen Marlene Fermín Ponce acusó al suboficial Lázaro Cruz de presunta agresión física y robo dentro de su propia vivienda, mientras que responsabilizó al oficial James Valerio Daga de haber ejecutado una detención que considera arbitraria y sin garantías legales.
Según su testimonio, los hechos ocurrieron el pasado 3 de marzo, cuando un grupo de cinco personas —entre ellos el suboficial— ingresó a su domicilio en el marco de un conflicto con inquilinos que se negaban a asumir pagos por servicios básicos y reparaciones. En ese contexto, la denunciante asegura haber sido agredida y despojada de S/ 2,500, dinero que, afirma, se encontraba en su cartera.
La denunciante sostiene que cuenta con pruebas del hecho, incluyendo fotografías y registros que buscaría complementar con imágenes de cámaras de seguridad. Además, indicó que presentó la denuncia ante Inspectoría de la Policía el 4 de marzo, formalizando así el caso en instancias institucionales.
Detención sin garantías
El caso se agrava con la intervención de un segundo efectivo policial. Fermín Ponce afirma que, tras el incidente, acudió a la comisaría de Amarilis en busca de apoyo, pero terminó siendo detenida por el oficial James Valerio Daga. Según su versión, permaneció retenida durante una noche sin que se notificara al Ministerio Público ni se le permitiera acceder a defensa legal.
Asimismo, denuncia que se le imputó el delito de usurpación en su propia vivienda, situación que rechaza categóricamente. Asegura contar con pruebas que demostrarían que los ocupantes retiraron sus pertenencias voluntariamente y que no existió ninguna toma ilegal del inmueble.
Para la denunciante, esta actuación configura una detención arbitraria y un uso indebido del sistema legal, lo que refuerza su acusación de abuso de autoridad. En ese sentido, no solo cuestiona el accionar individual de los agentes, sino también la forma en que se manejó el procedimiento policial.
Retrasos en investigación
Otro de los puntos críticos del caso es la falta de avances en la investigación. Fermín Ponce indicó que su denuncia continúa “en evaluación” y que fue derivada a un agente que actualmente se encuentra de vacaciones, lo que retrasaría el proceso hasta fines de marzo.
Además, expresó su preocupación por una posible parcialización dentro de la institución policial, señalando que el suboficial denunciado trabaja en el área de asesoría jurídica de la región policial. Según afirmó, esta condición podría estar influyendo en la falta de celeridad del caso.
La denunciante también mencionó que habría tomado conocimiento de una posible denuncia previa contra el mismo efectivo, lo que, de confirmarse, abriría la posibilidad de un patrón de conducta. Sin embargo, este punto aún no ha sido verificado oficialmente.
Crisis de confianza
El caso ha trascendido el ámbito personal y se ha convertido en un tema de interés público, evidenciando tensiones entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de garantizar seguridad y justicia. La denunciante ha solicitado la intervención del Ministerio Público, así como la separación preventiva del efectivo involucrado mientras se desarrollan las investigaciones.
Asimismo, cuestionó la dificultad para acceder a autoridades de alto nivel, como el general de la región policial, señalando trabas administrativas para solicitar audiencias. Este escenario refuerza la percepción de distanciamiento entre la institución y la ciudadanía.
La situación plantea interrogantes relevantes: ¿hubo abuso de poder?, ¿se respetaron los derechos de la denunciante?, ¿existe un tratamiento imparcial del caso dentro de la Policía? Estas preguntas mantienen el caso abierto en la opinión pública.
Exigen justicia
Más allá de los hechos denunciados, el caso refleja un problema mayor: la necesidad de garantizar procesos transparentes, oportunos y confiables en situaciones que involucran a funcionarios públicos. Mientras la denunciante insiste en que existen pruebas que respaldan su versión, corresponde a las autoridades competentes esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
El desenlace de este caso será clave no solo para las partes involucradas, sino también para la confianza ciudadana en los mecanismos de control y justicia. En contextos como este, la rapidez, la imparcialidad y la transparencia no solo son necesarias, sino determinantes.
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