Una delegación de cuatro líderes asháninka alertó en Brasil sobre el incremento de la violencia en la frontera con Perú y exigió una estrategia binacional de seguridad para hacer frente al avance del crimen organizado, que utiliza la zona como corredor para el traslado de productos derivados de actividades ilícitas.
La reunión se realizó menos de tres semanas después de que hombres fuertemente armados invadieron el Territorio Indígena Kampa do Rio Amônia, el 6 de julio, ubicado en la frontera entre Acre, Brasil, y Ucayali, Perú. Los líderes se reunieron con la Presidencia de la República y ministerios de Brasil para solicitar medidas urgentes de protección territorial.
Para los pueblos indígenas locales, el ataque no es un hecho aislado, sino la manifestación más reciente de la expansión del crimen organizado hacia una de las regiones mejor conservadas y de mayor riqueza ecológica y cultural de la Amazonía. Una respuesta policial por sí sola es insuficiente para enfrentar una dinámica que conecta el narcotráfico, la tala ilegal, la minería clandestina, el tráfico de tierras y otros delitos ambientales, impulsados por la apertura desordenada de carreteras en la zona.
“No estamos frente a un conflicto local. Estamos frente a la expansión de redes criminales transnacionales hacia territorios indígenas que actualmente representan una de las últimas barreras frente a la ocupación ilegal de esta región de la Amazonía”, señaló Francisco Piyãko, coordinador general de la Organización de los Pueblos Indígenas del Río Juruá (OPIRJ).
Respuesta diferenciada entre Brasil y Perú
Por parte de Brasil, los líderes buscan ampliar y consolidar las medidas de seguridad que ya están en marcha, en particular aquellas que dieron lugar a la “Operación Ashaninka”, que movilizó al Comando de Frontera Juruá/61.º Batallón de Infantería de Selva (61.º BIS) del Ejército brasileño y a la Secretaría de Justicia y Seguridad Pública del estado de Acre (Sejusp), con la participación del Grupo Especial de Operaciones Fronterizas (Gefron).
Sin embargo, desde el Estado peruano no se ha evidenciado respuesta alguna para atender la situación crítica de criminalidad en la zona de frontera. Para las organizaciones indígenas, es preocupante ver las respuestas diferenciadas para un solo problema, que es el avance del crimen transnacional.
“El crimen organizado está escalando y ahora ha escalado a otros territorios, afectando el bienestar común de los pueblos y vulnerando nuestras vidas; la falta de intervención es una muestra que el Estado del Perú no llega a los territorios y tampoco vela por nuestros derechos”, manifestó Jamer López, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU).
Se tiene conocimiento de que los criminales identificados lograron cruzar al lado peruano, donde hasta ahora se mantienen prófugos.
López propone tomar como ejemplo la articulación de la Comisión Transfronteriza Yuría-Juruá-Alto Tamaya para la defensa de la vida y hace un llamado al Estado peruano para establecer diálogos con el objetivo de enfrentar el crimen organizado de manera conjunta, garantizando la seguridad territorial y la vida de los pueblos indígenas, que también son ciudadanos peruanos.
Carreteras y transformación de la frontera amazónica
La denuncia presentada por los asháninka no se centra únicamente en la violencia reciente, sino también en el proceso que hizo que esa violencia fuera previsible: una transformación más amplia de la frontera amazónica impulsada por la apertura desordenada de carreteras, ramales y trochas madereras.
Un ejemplo central es la carretera UC-105, en el departamento de Ucayali, Perú. Su construcción ha avanzado sin consulta a las comunidades afectadas, sin estudios de factibilidad y sin las autorizaciones correspondientes.
El pueblo indígena asháninka, que recuperó su territorio en la frontera brasileña con Perú de manos de colonos hace tres décadas, estableció y sostiene su propio sistema de gobierno, y cultiva alimentos mientras protege el bosque. Pero ahora su forma de vida enfrenta una amenaza violenta.
Pandillas y narcotraficantes están invadiendo cada vez más las tierras asháninka y utilizando los ríos de la Amazonía para traficar drogas. La invasión forma parte de una amplia transformación de la frontera amazónica a medida que se expanden las rutas criminales, a través de lo que expertos llaman la ruta del río Solimões.
La ruta del río Solimões, que incluye una serie de ríos navegables que van desde la frontera con Perú hasta Manaos, en Brasil, se ha convertido en la última década en una vía principal para trasladar cocaína producida en Perú, Colombia y Bolivia hacia los puertos brasileños en la costa atlántica.
Ahora esta ruta está controlada en su mayor parte por la banda brasileña Comando Vermelho, señaló el coronel César Mello, expolicía retirado del estado de Amazonas y profesor de la Universidad Federal de Pará y de la Universidad del Estado de Amazonas.
Las comunidades indígenas se vuelven vulnerables a medida que las redes criminales se expanden. Los grupos criminales suelen reclutar a jóvenes indígenas, ofreciéndoles dinero y estatus en comunidades donde las oportunidades económicas son escasas. Cuando eso no funciona, recurren a la violencia, agregó Mello.
En el pasado, narcotraficantes se acercaron a la comunidad asháninka con la intención de construir una pista de aterrizaje clandestina dentro de su territorio. Los asháninka se negaron.
“Tenemos una larga historia de oponer resistencia”, señalan los líderes.
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