Colegio de Abogados pide retirar cerco y frenar intervención en Viña del Río

El decano del Colegio de Abogados de Huánuco, Handhy Amadeo Cruz Jaramillo, anunció que presentó una demanda de amparo ambiental y una medida cautelar contra el Gobierno Regional para evitar nuevas intervenciones físicas en la laguna Viña del Río. El pedido incluye el retiro del cerco perimétrico y la exhibición del expediente técnico, la certificación ambiental, los permisos y la autorización para usar el terreno. Cruz Jaramillo sostuvo que el cercado convirtió la controversia en un hecho concreto. Explicó que la acción no busca cancelar la inversión, sino impedir que avance antes de que la entidad regional acredite los requisitos técnicos, legales y ambientales. El gobernador Antonio Pulgar rechazó que la demanda deba frenar el proyecto. Afirmó que “toda la documentación está en regla”, que el expediente técnico ingresó concluido al 100 % y que el Gobierno Regional entregó información al fiscal ambiental. Sin embargo, durante sus declaraciones no precisó el número ni la fecha de aprobación del expediente, tampoco identificó la certificación ambiental ni mostró la autorización concreta para la instalación del cerco. Cautelar busca impedir trabajos antes de la revisión Cruz Jaramillo explicó que una acción de amparo ambiental puede ser promovida por cualquier ciudadano cuando se busca proteger derechos colectivos vinculados con el ambiente. En su caso, afirmó haber actuado también en su condición de representante del colegio profesional. La medida cautelar pretende que el juzgado ordene al Gobierno Regional abstenerse de iniciar cualquier intervención física hasta verificar la documentación. Cruz indicó que el Instituto Peruano de Derecho Ambiental y Patrimonio Cultural solicitó incorporarse al proceso como tercero interesado y que el Colegio de Abogados no se opondrá. También informó que existe otra demanda promovida por un colectivo ambiental desde diciembre de 2025. A su juicio, ese proceso se planteó cuando todavía no existía el cerco y, por tanto, tendría un fundamento diferente. No se cuenta todavía con los números de los expedientes judiciales, los autos de admisión ni una resolución que conceda o rechace las medidas cautelares. Pulgar anuncia exposición para el 31 de julio Pulgar sostuvo que la investigación del Ministerio Público no impide por sí sola la continuidad de la obra. Señaló que el fiscal ambiental acudió al Gobierno Regional para recabar información y afirmó que el 31 de julio su equipo técnico y los consultores expondrán el proyecto. La versión del gobernador sobre el expediente requiere una precisión temporal. En la entrevista dijo que el documento había ingresado “antes de ayer” y, al mismo tiempo, defendió la posibilidad de elaborar el expediente de manera paralela a la ejecución bajo un sistema de llave en mano. Corresponde distinguir entre la fecha de entrega del expediente, su evaluación por la entidad y la resolución que lo apruebe. Entregar un documento no significa necesariamente que este ya haya sido aprobado. Pulgar también sostuvo que el proyecto empezaría después de Fiestas Patrias. Esa afirmación es un anuncio político y administrativo, no una fecha contractual acreditada. Exdecano cuestiona representación institucional El exdecano Hernán Cajusol Chepe formuló un cuestionamiento distinto al fondo ambiental. Sostuvo que, si la demanda fue interpuesta en nombre del Colegio de Abogados, debería estar respaldada por un acuerdo de la junta directiva y emplear la identificación institucional correspondiente. Cajusol afirmó que el documento que revisó llevaría el logotipo del estudio jurídico de Cruz Jaramillo y consideró que el juzgado podría pedir una aclaración sobre quién promueve el proceso: el colegio profesional, su decano a título personal o el estudio privado. Esa observación constituye la opinión jurídica del exdecano. No se cuenta con la demanda completa, el acta de la junta directiva ni un requerimiento judicial que confirme la objeción. El juzgado deberá resolver antes del inicio anunciado Las posiciones permanecen enfrentadas. El Colegio de Abogados sostiene que el cerco justifica una protección judicial inmediata; el gobernador afirma que los requisitos están cumplidos y que la obra avanzará. La información disponible no permite dar por probada ninguna de las dos conclusiones sobre la legalidad integral del proyecto. Los próximos hechos verificables serán la identificación del expediente judicial, la admisión de la demanda, la decisión sobre la cautelar, la exposición técnica del 31 de julio y la publicación de los documentos ambientales y técnicos. Hasta entonces, no corresponde afirmar que la obra fue paralizada ni que cuenta ya con todas las autorizaciones exigibles.