Más de 800 productores de arroz de La Morada mantienen una protesta que ya superó las 48 horas, alineados con el paro macrorregional del sector arrocero ante la caída sostenida del precio en chacra. Saturnino Cervantes Andrés, presidente de la Federación de Productores de Arroz de La Morada, indicó que la Presidencia del Consejo de Ministros convocó a una reunión para mañana a las 4:00 p. m. en Lima, pero advirtió que la dirigencia no tendría condiciones reales para asistir por la premura del oficio, la falta de pasajes y la ausencia de transporte directo hacia la capital.
Cervantes sostuvo que la invitación llegó cuando ya era prácticamente imposible organizar el traslado de los representantes arroceros. Según explicó, el Ejecutivo esperaba que el Ejecutivo descentralizara la mesa de diálogo en una zona más cercana a los productores, como Bellavista, Rioja, Tarapoto, Ucayali o Huánuco, aunque reconoció que esta última ciudad también podría resultar distante para otras delegaciones. “Nos hubiera gustado que ellos descentralicen esta reunión”, señaló el dirigente, al cuestionar que el diálogo se convoque en Lima mientras la protesta se sostiene en el campo.
La medida de fuerza, según Cervantes, responde a una crisis que se arrastra desde hace aproximadamente un año y medio. El dirigente precisó que solo en el valle de La Morada existen alrededor de 3,000 hectáreas de arroz y cerca de 800 agricultores vinculados a esta actividad. De acuerdo con su testimonio, la producción no aumentó en las últimas campañas, sino que habría disminuido porque varios agricultores dejaron de sembrar ante la baja del precio y la falta de condiciones para recuperar su inversión.
El precio cae en la chacra
Cervantes detalló que el arroz en cáscara se paga actualmente entre S/ 650 y S/ 700 por tonelada, equivalente a 65 y 70 céntimos por kilo, según la variedad. Precisó que el arroz Ferón alcanza alrededor de S/ 700 por tonelada, mientras que otras variedades como Valor y Mopal se ubican por debajo, incluso cerca de S/ 600. El dirigente comparó esas cifras con los S/ 1,100, S/ 1,200 y S/ 1,300 por tonelada que, según recordó, recibían los agricultores en campañas anteriores.
El presidente de la federación también cuestionó el comportamiento de los molinos y compradores. Según afirmó, cuando el precio era más alto los molinos adquirían directamente el arroz; sin embargo, ahora muchos productores deben llevar el grano para el pilado bajo el sistema de maquila. Cervantes explicó que, después de ese proceso, el agricultor enfrenta otro problema: la venta. Según su versión, al productor se le ofrece hasta S/ 75 por saco, mientras los compradores lo comercializan entre S/ 110 y S/ 120.
Esa diferencia, según Cervantes, explica una de las mayores contradicciones del conflicto: el arroz baja para el agricultor, pero no necesariamente para el consumidor. El dirigente evitó precisar responsabilidades individuales, pero sostuvo que la cadena de intermediación mantiene márgenes que no llegan al campo. “Muchas veces en el mercado no baja el arroz, pero para el agricultor sí está bajo”, señaló durante la entrevista, al describir la distancia entre el precio en chacra y el precio posterior a la venta.
El gremio vincula la crisis con el ingreso de arroz importado y con la franja de precios. Cervantes recordó que en diciembre sostuvieron reuniones en Lima y que, en marzo, durante una protesta menor, los agricultores aceptaron canalizar sus demandas porque el Ejecutivo abrió espacios de diálogo. Según dijo, en esas reuniones pidieron regular la franja de precios para evitar un incremento de importaciones y proteger el mercado interno. El dirigente afirmó que esperaban una recuperación del precio hacia S/ 900 o S/ 1,000 por tonelada, pero sostuvo que ese escenario no se concretó.
La franja y el temor a más importación
De acuerdo con Cervantes, la preocupación del gremio aumentó porque la modificación de la franja de precios volvería a facilitar el ingreso de arroz importado. El dirigente mencionó que, durante reuniones previas, el valor se encontraba en US$ 102 y que luego habría sido modificado a US$ 146, situación que, según su interpretación, mantiene latente una nueva presión sobre el arroz nacional. El dirigente afirmó que los productores esperaban que esa herramienta ayudara a estabilizar el mercado, no que profundizara la caída del precio local.
La declaratoria de emergencia aparece, en ese contexto, como la principal demanda del gremio. Cervantes explicó que los agricultores no la plantean solo como una medida declarativa, sino como una vía para activar mecanismos excepcionales, articular respuestas públicas y eventualmente destinar recursos a compras de arroz mediante gobiernos regionales u otras entidades. Según su posición, la emergencia permitiría encaminar acciones que hoy no avanzan por las vías ordinarias.
El dirigente reconoció que el actual gobierno transitorio tiene limitaciones políticas, pero sostuvo que el reclamo no se agota en esta gestión. Cervantes afirmó que la presión también busca dejar instalada la demanda para el próximo gobierno, sea cual sea el resultado electoral. En su evaluación, los productores necesitan que la crisis arrocera sea asumida como un problema nacional y no como una protesta aislada de una zona productora. También coincidió en que el actual Ejecutivo “ni ata ni desata”, expresión usada durante la entrevista para describir la falta de decisiones visibles.
El punto más sensible, según Cervantes, es el endeudamiento de los agricultores. El dirigente indicó que varios productores han recurrido a créditos bancarios para sostener sus campañas y que algunos incluso hipotecaron viviendas o terrenos. Según afirmó, los bancos continúan cobrando intereses sin considerar la caída del precio del arroz. “Los bancos no te dicen que el precio ha bajado; el banco te cobra interés”, señaló, al advertir que hay agricultores con riesgo de perder bienes si la crisis se prolonga.
Compras estatales que no convencen
Cervantes también cuestionó el alcance de las compras estatales anunciadas. Según indicó, el Estado comunicó la adquisición de 410 toneladas de arroz, una cantidad que el gremio considera insuficiente frente al volumen existente y al número de regiones productoras afectadas. El dirigente sostuvo que, si esa cifra se divide entre todas las zonas arroceras, el impacto para cada agricultor sería mínimo. En la entrevista, incluso aceptó la comparación de que podría equivaler a muy poco por productor.
La crítica no se limita al volumen. Cervantes advirtió que las compras estatales estarían orientadas al arroz fortificado, un producto que, según explicó, no está al alcance directo de los pequeños productores. El dirigente señaló que la fortificación exige un proceso adicional: tomar arroz blanco, convertir una parte en harina, añadir minerales como zinc, mezclar, moldear y volver a secar el producto. Ese tratamiento, según dijo, requiere maquinaria especial y eleva los costos.
El dirigente afirmó que ni La Morada ni Aucayacu cuentan actualmente con la maquinaria necesaria para procesar arroz fortificado a escala de los productores. Por esa razón, consideró que la norma o mecanismo de compra no beneficiaría directamente al agricultor, sino a comerciantes o intermediarios que sí tienen capacidad para procesar el producto. “Esta norma favorece más a los comerciantes, no al agricultor”, sostuvo Cervantes, al cuestionar que la solución estatal no dialogue con la realidad técnica del campo.
La protesta también ha dejado una crítica directa a la representación política regional. Cervantes afirmó que, hasta el momento de la entrevista, el gobernador regional de Huánuco no se había pronunciado sobre el conflicto arrocero. Para el gremio, ese silencio agrava la sensación de abandono, porque los agricultores reclaman una respuesta no solo del Ejecutivo nacional, sino también de las autoridades regionales que deberían actuar como interlocutores ante Lima.
El dirigente también expresó malestar por la escasa visibilidad de la huelga en la prensa nacional. Según relató, tiene familiares en Lima que le informan que la protesta no aparece con la fuerza que los agricultores esperan en los medios de alcance nacional. Cervantes agradeció el espacio otorgado por Diario Ahora y sostuvo que los productores necesitan que su situación sea conocida fuera de las zonas de cultivo, porque el problema ya no se limita al precio del arroz, sino a la estabilidad económica de cientos de familias.
La disputa por el diálogo
La mesa convocada por la PCM aparece ahora como el primer punto de tensión. Para el Gobierno, según el oficio referido por Cervantes, la reunión está programada para mañana a las 4:00 p. m. en Lima. Para los productores, esa convocatoria no resuelve el problema si los dirigentes no pueden llegar. El gremio sostiene que una reunión descentralizada permitiría la presencia de más representantes y acercaría la discusión al territorio donde se produce el arroz y donde se sienten los efectos de la crisis.
Cervantes insistió en que sedes como Bellavista, Rioja, Tarapoto o Ucayali serían más accesibles para los agricultores. También mencionó Huánuco como una posibilidad, aunque con reservas por la distancia para otros productores. La discusión sobre el lugar de la reunión, en apariencia logística, se ha convertido en un asunto político: quién se mueve para dialogar, el Estado hacia las zonas productoras o los agricultores hacia Lima en medio de una huelga y sin condiciones de traslado.
El paro, según lo señalado por el dirigente, continuará mientras no exista una respuesta concreta sobre la declaratoria de emergencia, las compras estatales y la situación del precio en chacra. La federación sostiene que no se trata solo de vender el arroz acumulado, sino de corregir una cadena que, según su versión, castiga al productor, reduce su margen, lo endeuda y deja el mayor beneficio en manos de otros actores comerciales.
El conflicto arrocero de La Morada expone así una crisis con varias capas: una caída de precios que golpea al productor, una cadena de molinos y compradores cuestionada por el gremio, compras estatales consideradas insuficientes, exigencias técnicas que los agricultores dicen no poder cumplir y un diálogo convocado en Lima cuando los dirigentes aseguran que no pueden viajar. La siguiente señal dependerá de si la PCM mantiene la reunión en la capital o acepta acercar la negociación a las zonas productoras.
Mientras tanto, los agricultores sostienen una protesta que ya superó las 48 horas y que busca colocar la emergencia arrocera en la agenda pública. La pregunta que queda abierta no es solo cuánto tiempo resistirá el paro, sino quién asumirá el costo de una crisis que, según Cervantes, ya pasó de las chacras a los bancos, de los molinos al mercado y de las familias productoras a la responsabilidad política del Estado.
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