Congreso envía a Fiscalía informe que acusa a Dina Boluarte por uso indebido de vehículos oficiales

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó, por mayoría, un informe que recomienda al Ministerio Público investigar a la presidenta Dina Boluarte por el uso presuntamente irregular de vehículos del Estado, conocidos como “cofre”. El documento le imputa cuatro posibles delitos: peculado de uso, abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y encubrimiento personal. Aunque el grupo presidido por el congresista Juan Burgos (Podemos Perú) no posee facultades investigadoras, resolvió enviar directamente el informe al Ministerio Público. La decisión contó con 9 votos a favor, 3 en contra y una abstención, con respaldo de bancadas como Renovación Popular, Acción Popular, el Bloque Democrático y la Bancada Socialista. Perú Libre votó en contra y cuestionó la validez jurídica del informe. Reuniones privadas, audios y posible encubrimiento El informe, de más de 2.000 páginas, señala que Boluarte habría usado vehículos oficiales los días 24 y 25 de febrero de 2024 para trasladarse a un condominio privado en Asia, sin justificación oficial. Además, hace referencia a audios que sugerirían que Vladimir Cerrón, hoy prófugo, habría utilizado vehículos del Estado en su fuga. También se menciona que familiares de la familia Olazabal –con quienes Boluarte tuvo reuniones privadas– habrían viajado con la mandataria a China y mantenido contratos con el Estado. Según el documento, el entorno presidencial habría obstaculizado las investigaciones clasificando información como reservada y reubicando a personal clave. Piden evaluar vacancia y cambios en reglamento El informe concluye que la presidenta incurrió en una “conducta reiterativa, dolosa y encubridora”, y propone al Congreso evaluar su destitución por “incapacidad moral permanente”. Asimismo, solicita que se otorguen facultades de comisión investigadora a Fiscalización y se modifique el reglamento parlamentario para formalizar este tipo de competencias. Desde el Ejecutivo, el ministro Morgan Quero rechazó las acusaciones, mientras que voceros de Perú Libre denunciaron una “estrategia de espectáculo político” sin sustento jurídico.