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Admiten demanda contra el Gorehco por vulneración de derechos de propiedad de la comunidad nativa Santa Martha
El juzgado mixto con sede en Puerto Inca , admitió la demanda por vulneración a los contenidos esenciales de los derechos constitucionales presentada por Herli
Ahora Politica•1 de febrero de 2022•1 min de lectura•280 palabras•21 lecturas
El juzgado mixto con sede en Puerto Inca, admitió la demanda por vulneración a los contenidos esenciales de los derechos constitucionales presentada por Herlin Odicio Estrella y Walter Eddy Pastor Salas, en representación de los beneficiarios Raúl Lunasco Cabezas en contra del Gobierno Regional Huánuco (Gorehco) representado por el gobernador regional, Juan Alvarado Cornelio.
Dicha demanda busca declarar la nulidad total y dejar sin efecto legal las resoluciones N° 260-2021-GRH/GR y la 262-2021- GRH/GR emitidas por el gobierno regional el pasado siete de junio del 2021 para la creación de dos caseríos debido a que vulnera el derecho de propiedad de la Comunidad Nativa Santa Martha, ubicada en el distrito de Codo del Pozuzo, provincia de Puerto Inca, departamento de Huánuco.
En este sentido, los afectados solicitaron se restituya el derecho de propiedad de la Comunidad Nativa Santa Martha y se determine la responsabilidad política y administrativa por infracción constitucional al Gobernador Regional de Huánuco, Juan Alvarado, y demás funcionarios que participaron en la emisión de las resoluciones demandadas, con inclusión del pago de costos y costas del proceso.
De acuerdo al artículo 6 del Nuevo Código Procesal Constitucional, corresponde admitir a trámite la demanda de acción de amparo.
Asimismo, señala que al no tratarse de ninguno de los supuestos regulados en el artículo 35 del Nuevo Código Procesal Constitucional, no corresponde señalar fecha de audiencia ni verificación de los hechos denunciados por tratarse de una controversia de puro derecho derivado de un proceso administrativo.
Cabe destacar que el gobierno regional tendrá un plazo de diez días para emitir un pronunciamiento respecto a los hechos denunciados, disponiéndose a su vez el emplazamiento al Procurador Público del Ministerio del Interior.
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