El Poder Judicial de Puno declaró infundado el pedido de prisión preventiva contra el alcalde provincial, Javier Ponce Roque, el exgerente de Transportes, Danny Guerra Bueno, el regidor Jonathan Cristian Guerra Monzón y otros cinco investigados, rechazando la solicitud presentada por la Fiscalía Anticorrupción en el marco del caso conocido como «Los Mandachitos de la Corrupción».
La jueza María Candelaria Morales Segura, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno, determinó que no se cumplieron los requisitos exigidos por el artículo 268 del Código Procesal Penal para dictar la medida solicitada.
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, tras conocer el fallo, manifestó su disconformidad y confirmó formalmente que interpondrá un recurso de apelación ante el tribunal correspondiente en los próximos días.
Comparecencia con restricciones por 24 meses
La resolución alcanza a los ocho investigados: Javier Ponce Roque, Danny Guerra Bueno, Freddy Gallegos Flores, Giancarlo Quispe Pérez, Eva Mamani Choque, Alan Murillo Laura y Jonathan Guerra Monzón. Todos afrontarán comparecencia con restricciones durante 24 meses, pagarán una caución de cinco mil soles cada uno y no podrán salir de la región Puno sin autorización judicial expresa.
Además, tienen prohibido comunicarse con testigos, peritos o coimputados durante el proceso. Los investigados continuarán en libertad, pero bajo reglas de conducta y restricciones impuestas por el juzgado.
El caso «Los Mandachitos de la Corrupción»
La investigación, a cargo de la Fiscalía Anticorrupción de Puno, involucra a funcionarios de la Municipalidad Provincial de Puno por el presunto delito de crimen organizado en agravio del Estado peruano. La Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Puno representa al Estado en el proceso.
El caso se originó a raíz de presuntos actos irregulares dentro de la administración pública local. La audiencia de prisión preventiva, que había sido programada inicialmente para el 26 de mayo y luego para el 5 de junio, fue finalmente resuelta con el rechazo de la medida.
“Como investigado se somete a las investigaciones”, aseguró Cristian Palomino, abogado de la autoridad edil, en declaraciones previas a la audiencia.
Antecedentes del proceso judicial
La solicitud de prisión preventiva fue presentada por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno respecto a los investigados que no se encontraban detenidos. La medida fue evaluada en una audiencia virtual, a cargo de la jueza María Candelaria Morales Segura.
La defensa del alcalde había anticipado su asistencia a la diligencia. El abogado Cristian Palomino sostuvo que Javier Ponce Roque se sometería a las investigaciones, en línea con el principio de presunción de inocencia que rige el proceso.
La decisión del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno deja al caso en una etapa de evaluación judicial. La apelación anunciada por la Fiscalía Anticorrupción definirá si los investigados enfrentan medidas más severas o si la comparecencia restringida se mantiene durante el proceso.
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