Milquecedec Cuenca y Willmerth Canteño fueron condenados a cinco años de pena privativa de la libertad efectiva por su responsabilidad como coautores del delito de usurpación agravada, cometido contra una mujer identificada mediante las iniciales E.P.A. El fallo fue obtenido por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco. La sentencia también establece que ambos deberán pagar, de manera conjunta, 5 mil soles por concepto de reparación civil a favor de la agraviada. La acusación durante el juicio oral estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Jhonatan Jhon Calderón Soto, quien presentó los elementos probatorios reunidos durante la investigación. Los hechos ocurrieron el 15 de julio de 2019 en un predio situado cerca del kilómetro 17.790 de la carretera Central Huánuco–Tingo María, en el centro poblado de Taruca, jurisdicción del distrito de Santa María del Valle, provincia y departamento de Huánuco. Según lo acreditado durante el proceso judicial, los sentenciados intervinieron en el despojo de la posesión que la víctima ejercía sobre el inmueble. Para conseguirlo, actuaron con violencia y realizaron diversas acciones destinadas a impedir que la mujer continuara ocupando el predio. La investigación estableció que Milquecedec Cuenca ingresó violentamente en la vivienda, agredió físicamente a la agraviada y la amenazó con un arma de fuego. Durante el mismo episodio, también le arrebató su teléfono celular, conforme a los elementos incorporados y evaluados en el juicio. Posteriormente, Cuenca y Willmerth Canteño participaron en el retiro de las pertenencias de la víctima. Los objetos fueron sacados de la vivienda y arrojados hacia la vía pública. Tras ello, los implicados colocaron un candado en la puerta principal para evitar que la agraviada regresara al inmueble. Horas más tarde, la mujer consiguió recuperar la posesión del predio con el apoyo de agentes policiales pertenecientes a la Comisaría de Rancho. En esa acción también participaron familiares y vecinos que acudieron para respaldarla y facilitar su retorno a la propiedad. Durante el juicio oral, la Fiscalía sustentó la acusación mediante los testimonios, documentos y demás elementos incorporados al expediente penal. Tras valorarlos, el órgano jurisdiccional determinó la responsabilidad penal de los dos procesados e impuso la condena efectiva. La decisión judicial sanciona el despojo ejecutado mediante violencia y reconoce la afectación sufrida por la agraviada. Su identidad permanece protegida, mientras los sentenciados deberán cumplir la pena y la reparación civil ordenadas en el fallo, sin perjuicio de los recursos que la legislación permita presentar.
PolicialesPadre de Miguel Infante Huaki exige resultados tras 70 días sin conocer su paradero
Miguel Infante Mendoza afirmó que las diligencias continúan bajo la conducción de una nueva fiscal, pero sostuvo que la






Comentarios
Comparte tu opinión de manera respetuosa.
Inicia sesión para dejar un comentario.