La pérdida judicial de 219 metros cuadrados del terreno destinado al Centro de Salud de Ambo no es un simple tropiezo administrativo. Es la confirmación de una forma irresponsable de gestionar la obra pública: anunciar primero, verificar después y dejar que la población pague las consecuencias. Diario Ahora sostiene que lo ocurrido en Ambo representa una falta grave de rigor técnico, legal y político que no puede quedar archivada como un error más.
Un hospital no se construye sobre dudas. Menos aún sobre un predio cuya titularidad no estaba plenamente saneada. Si una sentencia por mejor derecho de propiedad terminó recortando el terreno del proyecto, como se ha informado en la documentación revisada, entonces el problema no nació en el juzgado, sino en los escritorios donde se aprobó, formuló y licitó una obra sin garantías suficientes.
Aquí no estamos frente a una discusión menor de linderos. Estamos ante una infraestructura sanitaria que debía servir a miles de ciudadanos y que hoy queda atrapada entre expedientes, planos desactualizados y responsabilidades que nadie parece asumir. Ambo necesitaba un centro de salud moderno; recibió, en cambio, una promesa mutilada por la negligencia.
El Estado no puede pedir paciencia infinita a una población que espera atención médica desde hace años. La gente no enferma según los plazos de una oficina técnica ni mejora porque una autoridad prometa destrabar una obra. Mientras se discute el terreno, los pacientes siguen viajando, esperando, madrugando y soportando servicios precarios. Esa es la verdadera dimensión del daño.
La responsabilidad no puede diluirse en frases como “problemas heredados” o “trámites pendientes”. Si el saneamiento físico-legal era indispensable, alguien debió verificarlo. Si los estudios geodésicos eran necesarios, alguien debió exigirlos. Si existía litigio, alguien debió detener el proceso antes de comprometer recursos públicos. La cadena de decisiones debe ser investigada con nombres, cargos y fechas.
Diario Ahora considera que la Contraloría, el Gobierno Regional de Huánuco, la Municipalidad Provincial de Ambo y el sector Salud tienen la obligación de explicar cómo se permitió avanzar con una obra sobre una base tan frágil. No basta con rediseñar planos o buscar salidas legales. Primero debe establecerse quién falló y cuánto le costará esa falla a la ciudadanía.
La salud pública no puede seguir siendo víctima de la improvisación. Cada obra paralizada no es solo cemento perdido; es una consulta postergada, un diagnóstico tardío, una emergencia peor atendida. En regiones como Huánuco, donde las brechas sanitarias golpean con más fuerza a los sectores rurales, la negligencia técnica también es una forma de abandono.
Ambo merece un centro de salud viable, seguro y legalmente intachable. Pero también merece verdad. Sin responsabilidades claras, el caso terminará convertido en otro elefante blanco regional. Y Huánuco ya no puede seguir aceptando que la incapacidad de sus autoridades se disfrace de mala suerte.
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