Frente al caos político, ¿por qué la economía no se ha hundido? La respuesta tiene varios ingredientes. Primero, el Banco Central de Reserva y su presidente, Julio Velarde, veinte años en el cargo, ha logrado mantener la inflación bajo control. Segundo, el superciclo de precios de los metales: Perú vive del cobre, y los precios internacionales se mantuvieron altos impulsados por la demanda china. Tercero, la inversión extranjera, especialmente china, con megaproyectos como el puerto de Chancay. Cuarto, y quizás más importante, la informalidad: el 75% de los trabajadores peruanos son informales, lo que ha funcionado como amortiguador social. Caso peruano del autoritarismo parlamentario Hemos tenido ocho presidentes en diez años. Ninguno de los elegidos en las urnas ha logrado terminar su mandato. El Congreso, la institución más desprestigiada del país, se ha convertido en el verdadero centro del poder. Y mientras la política es un ring de boxeo sin árbitro, la economía crece por encima del promedio regional. Esta combinación explosiva —caos político y estabilidad macroeconómica— no es una casualidad. Es el combustible de un proyecto que busca instalar en Perú un autoritarismo de origen parlamentario. Sin embargo, el interés político, no llegó de la noche a la mañana. La crisis actual tiene una fecha de inicio: 2016. Ese año, Pedro Pablo Kuczynski ganó la presidencia por un estrecho margen, pero en el Congreso el fujimorismo obtuvo mayoría absoluta. Lo que siguió no fue una simple disputa entre poderes, sino una guerra de aniquilación. El Congreso utilizó todos los mecanismos a su alcance para bloquear al gobierno, hasta que Kuczynski renunció en 2018. Luego Martín Vizcarra (vacado en 2020), Manuel Merino (cinco días en el poder), Francisco Sagasti (presidente de transición) y, finalmente, la elección de Pedro Castillo en 2021. La victoria del maestro rural fue un terremoto político que tomó por sorpresa a todo el establishment. Demostró que, en un contexto de fragmentación extrema, el voto popular podía escapar al control de las élites tradicionales. Esa lección no pasó inadvertida para la coalición de partidos que, aunque enfrentados entre sí, compartían el objetivo común de mantener el control del Estado. Comprendieron que podían detentar el poder incluso sin contar con respaldo popular, siempre que lograran concentrar suficientes facultades en el Legislativo para neutralizar al Ejecutivo. El fallido autogolpe de Castillo, el 7 de diciembre de 2022, fue el catalizador perfecto. Detenido cuando intentaba huir, fue vacado inmediatamente por el Congreso. Pero la coalición no se conformó con reemplazarlo: capitalizó el momento para acelerar las reformas constitucionales que limitaran al Ejecutivo, blindaran al Congreso y designaran autoridades afines en organismos autónomos. Esta combinación ha creado una “combinación perfecta” entre economía y política. Siendo el mejor aliado de la coalición autoritaria. Puede gobernar mal, puede ser corrupta, puede capturar instituciones, pero mientras la macroeconomía se sostenga sola, el castigo electoral no será inmediato. No habrá golpe de Estado ni cierre del Congreso. Se trata de usar las instituciones democráticas para volverlas irreconocibles: habrá elecciones, partidos y debates, pero el poder real se concentrará en una coalición de partidos que, desde el Legislativo, ha capturado todos los contrapesos del Estado. El Ejecutivo, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, la Defensoría, la Junta Nacional de Justicia… casi todo ha pasado a ser controlado por un grupo de partidos que, además, han blindado su propia impunidad. La estrategia política de esta arquitectura es el retorno a la bicameralidad mediante una reforma promulgada en marzo de 2024, que modificó 53 artículos de la Constitución y entrará en vigor tras las elecciones del 12 de abril de 2026. Pero la nueva configuración no restablece el equilibrio del pasado: crea un «Súper Senado» que no puede ser disuelto por el presidente y que tiene la última palabra en la aprobación de las leyes, sin mecanismo de reenvío ni comisión conciliadora. El titular del Poder Ejecutivo queda reducido a una figura decorativa, mientras el poder real se ejerce desde el Parlamento. La función más crítica del Senado reside en su potestad exclusiva para designar a los titulares de los organismos autónomos clave: Defensor del Pueblo, Magistrados del Tribunal Constitucional, Contralor, miembros del Directorio del Banco Central, Superintendente de Banca y miembros de la Junta Nacional de Justicia. En la práctica, la coalición que controle el Senado controlará todo el aparato del Estado. Extracto comentario de: Jesús Tovar profesor e investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (CICSyH), Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX).
