Las observaciones al desarrollo de las últimas elecciones en Huánuco escalaron luego de que Rodolfo Espinoza , exdecano del Colegio de Abogados , afirmara que el proceso presentó hechos “ nunca antes vistos ” y dejara abierta la posibilidad de que se evalúe una nulidad si se comprueban irregularidades determinantes. Según manifestó en una entrevista, las demoras de hasta 48 horas y la falta de instalación de mesas en zonas donde su agrupación tenía mayor respaldo alimentaron sus cuestionamientos. Espinoza sostuvo que uno de los puntos más sensibles fue la imposibilidad de fotografiar actas en Huánuco . Según precisó, esos documentos son de dominio público una vez emitidos y, por tanto, no debería existir impedimento para registrarlos, salvo en el momento estrictamente reservado del voto. A su juicio, esa restricción generó sospechas adicionales en un contexto ya marcado por retrasos y denuncias previas sobre la conducción del proceso. El exdecano también observó la lentitud del conteo manual en la elección de senadores. De acuerdo con su versión, desde el día 12 el procesamiento se mantuvo por debajo del 10% y apenas alcanzaba 191 actas , pese a que, según refirió, en la región había más de 2.200 por revisar. Añadió que el avance se concentraba en actas del ámbito rural, mientras las correspondientes a la ciudad de Huánuco seguían sin procesarse, una diferencia que, según dijo, debía ser aclarada. Cuestionamientos sobre la logística electoral Consultado sobre una eventual nulidad, Espinoza indicó que una causal podría sustentarse si se demuestra un trato desigual entre zonas rurales y urbanas durante la atención logística y el traslado del material electoral. Según afirmó, en sectores urbanos donde se concentraría una parte importante de la votación hubo vehículos estacionados desde temprano, pero sin personal encargado de distribuir cédulas y actas a los centros de sufragio. En esa línea, cuestionó que el traslado del material no haya estado a cargo de las Fuerzas Armadas , como —según recordó— ocurría en anteriores procesos, sino de una empresa tercerizada que, a su juicio, “ falló al electorado peruano ”. Para Espinoza, esa decisión operativa debe ser revisada por las autoridades competentes, sobre todo porque el proceso ha generado dudas en distintos tramos de la jornada y del conteo posterior. El exdecano también vinculó estas observaciones con un escenario político más amplio. Sostuvo que, desde su perspectiva, existiría un interés por impedir el avance de determinados candidatos hacia una eventual segunda vuelta . En ese punto, mencionó diferencias entre encuestadoras y criticó lo que definió como una continuidad del statu quo político en las últimas décadas. Por ahora, sus declaraciones configuran una posición política y jurídica que exige contraste con la versión de las autoridades electorales y con la documentación oficial del proceso. Lo que queda en el centro del debate, según remarcó, es una demanda básica: que el resultado final sea “ el fiel reflejo ” de lo expresado por el elector. Esa discusión, más que cerrarse, podría trasladarse ahora al terreno de las impugnaciones y la revisión formal de actas .
