Los agricultores del centro poblado de Paujil, en el distrito de Yuyapichis (Puerto Inca), denunciaron un incremento de amenazas de muerte, robos y la quema de sus viviendas por parte de mineros ilegales que buscan apropiarse de más de mil hectáreas destinadas a la agricultura. Los afectados, que cuentan con títulos de propiedad y apoyo estatal, exigen la inmediata intervención de la Fiscalía para frenar el hostigamiento en la zona.
De acuerdo con los testimonios de los agricultores afectados en este sector de la provincia de Puerto Inca, la violencia busca desalojarlos de tierras donde cultivan cacao, maíz y plátano. Una de las productoras damnificadas detalló que las incursiones armadas han escalado hasta la quema de sus viviendas rústicas y el robo de pertenencias antes de que las familias sean expulsadas de sus parcelas.
Los posesionarios señalaron directamente a los hermanos Hélder, Roberto y Felipe Flores Yauri de dirigir las acciones de amedrentamiento para acaparar terrenos bajo el argumento de que se trata de un área forestal. Según los denunciantes, este grupo busca justificar la ocupación mediante una supuesta comunidad que carece de personería jurídica y títulos de propiedad sobre el territorio en disputa.
Títulos de propiedad en disputa
El conflicto colisiona con el proceso de formalización que los agricultores sostienen desde 2004 con el Ministerio de Agricultura. Representantes de la zona precisaron que el sector cuenta con resoluciones judiciales y sectoriales que respaldan sus derechos de posesión, además de albergar una escuela primaria, un puesto de salud e instituciones públicas instaladas desde hace más de dos décadas.
La inestabilidad en Paujil también afecta directamente al desarrollo agrario local financiado por el Estado, debido a que los productores trabajan en la sustitución de cultivos con apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Los agricultores advierten que la falta de garantías frena la infraestructura vial, detiene los proyectos de ganadería intensiva y precariza la economía familiar.
Vargas Cristián, productor de cacao en la zona, manifestó que las constantes amenazas e incursiones impiden que las familias trabajen con tranquilidad en sus campos. Los afectados sostienen que los agresores actúan motivados por intereses económicos vinculados a la extracción aurífera y a la tala ilegal de árboles, actividades que se expanden ante la escasa vigilancia policial.
El desenlace en el centro poblado de Paujil dependerá de las acciones que adopte el Ministerio Público y la Policía Nacional frente a las denuncias de usurpación y daños materiales. Mientras persista la ausencia de fiscalización gubernamental, la seguridad de los productores y la viabilidad de las economías lícitas auspiciadas por el Estado seguirán bajo una latente amenaza.
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