LA ESTÉTICA DE LA IMPUNIDAD Y EL MILAGRO DEL PATRIMONIO PÚBLICO

Inconsistencias patrimoniales y la urgencia de un control tecnológico en la administración del Estado.

En nuestro país, el asombro ha sido reemplazado por una resignación estética que raya en la complicidad. Resulta fascinante, desde una perspectiva de gestión pública, observar cómo un capitán de la policía puede, según las informaciones recientes, acumular una fortuna de 31 millones de soles sin que las alarmas del sistema emitan siquiera un murmullo. No se trata solo de un patrimonio inexplicable; es el triunfo de la forma sobre la sustancia en un Estado que parece haber diseñado sus mecanismos de control para detectar la paja en el ojo del ciudadano común, mientras ignora las vigas de oro que sostienen las mansiones de sus funcionarios. Este caso no es un hecho aislado, sino el síntoma de una patología mayor que recorre los pasillos de la alta jerarquía y la élite administrativa, donde los signos exteriores de riqueza se exhiben con una impudicia que solo la certeza de la impunidad puede otorgar.

La ironía alcanza niveles supremos cuando observamos a estos mismos estamentos del sector público organizar paros, liderar huelgas y exigir con vehemencia aumentos remunerativos debido a la "asfixiante" situación económica. Sin embargo, tras el ruido de las pancartas y el discurso de la precariedad, la realidad cotidiana de muchos de estos funcionarios y altos directivos cuenta una historia distinta. Es el milagro de la multiplicación de los panes en versión burocrática: trabajadores con sueldos nominalmente modestos que logran que sus hijos estudien en las universidades más exclusivas de la capital, conducen vehículos del año y habitan viviendas modernas cuya tasación desafía cualquier lógica contable. Ante tal despliegue de prosperidad espontánea en las oficinas de la administración central, resulta imposible no tararear la aguda pregunta de Joe Arroyo: “¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es el negocio? Sepa usted...”.

Esta ostentación resulta doblemente ofensiva cuando se la compara con la vida de tantos otros servidores públicos de carrera que, tras décadas de labor abnegada, mantienen una existencia de una honestidad espartana. Son esos trabajadores que vemos día a día, cuyos hijos se forman con esfuerzo en colegios y universidades nacionales, y que regresan a casa en una bicicleta bien mantenida o en el transporte público porque su sueldo, estirado hasta lo imposible, no da para más. Para este funcionario probo, la casa es el reflejo exacto de su realidad laboral, una estructura modesta construida con el sudor de la integridad. Es en este contraste donde la corrupción se vuelve más dolorosa: el sistema no solo permite que el deshonesto prospere, sino que lo hace frente a la mirada del hombre justo que, por cumplir la norma, parece condenado a la precariedad. Es precisamente en las jerarquías con capacidad de decisión donde esta brecha ética se vuelve una grieta que debilita los cimientos de la confianza ciudadana.

Esta labor de acumulación, que para el ciudadano de a pie resulta insultantemente obvia al transitar por las calles, parece ser invisible para quienes tienen la obligación legal de mirar. El sistema se ha conformado con el rito burocrático de la declaración jurada ante la Contraloría o la SUNAT; ese monumento al papel muerto que nadie se digna a auditar con rigor. Las declaraciones se apilan por miles, convirtiéndose en trámites vacíos mientras los signos exteriores de riqueza pasean frente a las narices de los auditores sin que se cruce una sola base de datos. Existe una suerte de cortesía institucional que confunde la presunción de inocencia con la ceguera voluntaria, permitiendo que quienes manejan presupuestos o deciden el destino de los recursos públicos transiten sin que nadie se atreva a confrontar sus fortunas con sus boletas de pago.

Sin embargo, en pleno siglo XXI, la ceguera institucional ya no tiene excusa técnica. La Inteligencia Artificial podría convertir hoy mismo esas montañas de expedientes en herramientas de precisión quirúrgica para el control gubernamental. Bastaría con implementar algoritmos de aprendizaje automático para realizar cruces masivos y en tiempo real entre las declaraciones juradas, los movimientos bancarios reportados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), los registros de propiedad y los consumos de alta gama. Un sistema inteligente detectaría de inmediato las "alertas de inconsistencia patrimonial": ese momento exacto en que los gastos de vida de un alto funcionario o un mando operativo dejan de tener correlación con su boleta de pago. La tecnología para identificar el enriquecimiento ilícito existe; lo que falta es la voluntad política para dejar de usar la tecnología como un adorno y empezar a usarla como un escáner ético sobre todo aquel que gestione un solo sol del tesoro público.

No obstante, surge una interrogante inevitable en el análisis de nuestras políticas de integridad: ¿por qué los grandes decisores de la política pública se muestran tan reacios a implementar estos sistemas de control? La respuesta parece hallarse en un pragmatismo oscuro: a quienes tienen el poder de apretar el botón de la transparencia tecnológica no les resulta conveniente ponerse la soga al cuello. Los mismos que deben aprobar las reformas y la implementación de algoritmos de fiscalización son, con frecuencia, quienes más tendrían que explicar ante un cruce de datos masivo. La política de integridad del Estado se convierte así en un laberinto de buenas intenciones que nunca llega a la acción, precisamente porque el sistema no permite que se implementen soluciones que darían resultados inmediatos. Es el boicot silencioso de una élite administrativa que prefiere mantener la ceguera de las instituciones para asegurar la comodidad de sus propios patrimonios.

La teoría del valor público sugeriría que el funcionario se debe a la creación de bienestar para la colectividad, pero en nuestro país parece haberse instaurado una suerte de "valor privado" extraído de la precariedad institucional. Cuando la riqueza deja de ser el resultado del esfuerzo legítimo para convertirse en el trofeo de la posición jerárquica, el contrato social se resquebraja. El capitán de los 31 millones es, al final del día, el espejo donde se reflejan las carencias de un control que se limita a lo formal mientras lo sustancial se le escapa entre las manos. Mientras sigamos normalizando el lujo en la función pública como un accesorio inherente al cargo, seguiremos siendo un país donde el crimen no solo paga, sino que además se luce sin dar explicaciones. Al que le caiga el guante, que se lo chante. Todo está escrito; lo que falta es recordarlo.