La demolición del Centro de Salud de Ambo quedó suspendida por orden del Segundo Juzgado Civil de Huánuco, que dictó una medida cautelar de no innovar para impedir cualquier acto de desposesión, demolición o alteración del inmueble. La resolución n.° 01, emitida el 5 de mayo de 2026, busca preservar el predio de 3,971.21 m² inscrito en la partida registral n.° 11094278.
El pedido fue presentado por Juan Carlos Nolorve Rojas, procurador público del Gobierno Regional de Huánuco, dentro de una acción de amparo contra la jueza Dora Jara Vargas. Según el expediente 00449-2026-51-1201-JR-CI-02, la medida busca suspender los efectos del acta de ministración de posesión vinculada al expediente n.° 00028-2013-90-1202-JR-PE-01.
El juzgado consideró que el inmueble está destinado al funcionamiento del Centro de Salud de Ambo y que su afectación podría comprometer servicios médicos esenciales. La solicitud cautelar sostiene que la Dirección Regional de Salud de Huánuco ostenta propiedad del predio desde 2011, conforme a la partida registral citada en la resolución.
La disputa judicial entra en fase crítica
La resolución recoge que el 20 de abril de 2026 se habría requerido la desocupación y demolición en un plazo de 24 horas. También señala que el 26 de abril de 2026 se registraron daños materiales en la obra en ejecución, mientras la audiencia del proceso principal fue programada para el 15 de junio de 2026.
El documento judicial precisa que el 10 de abril de 2026 se realizó una diligencia de ministración de posesión a las 9.00 de la mañana en el jirón Mariscal Castilla n.° 318. En esa actuación, según la resolución, se entregó un área de 430.28 m² vinculada al proceso penal por usurpación seguido contra Raúl Martel Aliaga.
El antecedente central es la sentencia n.° 20-2018, que condenó a Raúl Martel Aliaga a tres años y cuatro meses de pena privativa de libertad por usurpación agravada, además de fijar una reparación civil de S/ 5,000. La sentencia fue confirmada el 7 de noviembre de 2018, de acuerdo con el documento judicial.
Salud pública frente a disputa patrimonial
El gobernador regional Antonio Pulgar afirmó que, tras la resolución, el predio “no puede ser tocado, no puede ser destruido ni demolido”. Según indicó, cualquier intervención posterior podría constituir desacato a la autoridad judicial y derivar en responsabilidades penales.
El procurador Juan Nolorve sostuvo que la vía legal continuará con la acción de amparo para buscar una protección definitiva del establecimiento. Germán Bedoya Gómez, gerente regional de Asesoría Jurídica, señaló que el equipo legal reformula la estrategia para sostener que el caso involucra el interés público y el derecho a la salud.
La decisión judicial abre un nuevo tramo en un conflicto donde se cruzan propiedad, ejecución de sentencia penal y continuidad del servicio sanitario. El punto decisivo será si el juzgado confirma en el proceso principal la protección del predio o si la controversia vuelve a poner en riesgo la atención médica en Ambo.
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