Ola de despidos sacude el sistema judicial migratorio de EE. UU. Más de 113 jueces fueron cesados, generando una crisis de independencia sin precedentes y un impacto directo en la vida de miles de inmigrantes.
La administración de Donald Trump ha desatado una purga masiva de jueces de inmigración, despidiendo a más de 113 y reconfigurando drásticamente los tribunales migratorios desde enero de 2025, con profundas implicaciones para la justicia y la democracia estadounidense.
Según la investigación publicada por The Guardian, esta campaña de despidos y reasignaciones, impulsada bajo la bandera de "eficiencia gubernamental", ha sembrado el temor y la incertidumbre entre los magistrados, llevando a muchos a cuestionar la integridad de un sistema judicial ya de por sí sobrecargado con más de 3 millones de casos pendientes.
La conmoción de un veterano: Jueces en la calle y la militarización del poder
David Koelsch, un respetado exjuez de inmigración de 59 años, con casi 8 años en el estrado y otros 4 como oficial de asilo supervisando miles de solicitudes, presenció atónito un operativo federal en Minneapolis en octubre de 2025. Tras el fatal tiroteo de Alex Pretti por agentes federales, Koelsch se dirigió al lugar, no para protestar, sino para "ser testigo". Lo que vio lo dejó en shock: entre 50 y 75 agentes de ICE y CBP, ataviados con equipo táctico completo, máscaras y armamento pesado, bloqueaban la Avenida Nicollet. El uso de gases lacrimógenos, que le provocaron opresión en el pecho y náuseas, fue un punto de quiebre. Koelsch, quien había jurado proteger el país, sintió una profunda "repulsión" al ver a estos oficiales "hostigando a civiles" y percibió que no estaban cumpliendo con el mismo juramento que él había tomado durante sus 15 años de servicio al gobierno.
¿Un "juego de números" que socava la justicia? La huida y la purga
Cuatro meses antes del incidente de Pretti, Koelsch ya había renunciado, adelantándose a su plan de jubilación a los 62 años. Su partida se dio en medio de una presión administrativa para ofrecer planes de retiro anticipado a empleados federales considerados "obstáculos" para la agenda de deportaciones. Desde enero de 2025, la administración Trump ha despedido a más de 113 jueces de inmigración y ha presionado a otros a renunciar o ser reasignados, reemplazándolos con abogados militares y nombramientos políticos. Muchos de los 12 jueces entrevistados por The Guardian, temiendo represalias, revelaron que esta purga no solo busca acelerar las deportaciones, sino también ejercer un control político sobre los tribunales, forzando a los jueces a alinearse con los objetivos de aplicación de la ley. Koelsch mismo temía ser el próximo, sabiendo que su tasa de concesión de asilo era "más alta que la de otros" y que los despidos se daban "a diestra y siniestra". Incluso criticó a la administración Biden por usar la "discreción procesal" como un "juego de números" para reducir la mora, sin preocuparse realmente por las personas.
San Francisco: El cierre de una corte y la carta amenazante
El epicentro de esta ola de despidos fue San Francisco. De 21 jueces a principios de 2025, el tribunal se redujo a solo 4 a principios de este año, antes de cerrar el 1 de mayo, dejando una mora de 120,000 casos y transfiriendo sus operaciones a una corte más pequeña a 35 millas de distancia.
¿Sesgo judicial o disidencia política? El caso de Jeremiah Johnson
Jeremiah Johnson, de 52 años, juez en San Francisco desde 2017 y también designado por el exfiscal general Jeff Sessions, experimentó la purga en carne propia. El 21 de noviembre de 2025, tras conceder asilo a una familia de cuatro en un caso bien fundamentado, Johnson fue despedido. "Antes de poder imprimirla, fui desconectado del sistema", relató sobre su carta de despido. Fue uno de los cinco jueces de inmigración cesados ese día en el área de San Francisco. Cuatro meses antes, el 27 de junio de 2025, Sirce E. Owen, directora interina de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), había emitido un memorándum advirtiendo que algunos jueces "parecen creer... que exhibir sesgo es justificable... siempre y cuando ese sesgo sea a favor de un extranjero y en contra del Departamento de Seguridad Nacional", amenazando con "acciones correctivas o disciplinarias". Johnson, ahora vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ), negó tener sesgo, pidiendo estadísticas que lo probaran si esa era la razón de su cese.
El vacío legal del poder ejecutivo: Demandas y contradicciones financieras
La falta de una explicación clara para los despidos ha llevado a un grupo de jueces cesados a demandar al Departamento de Justicia, cuestionando la autoridad de la administración para destituirlos sin causa. Aunque la Junta de Protección de Sistemas de Mérito (MSPB) se declaró sin jurisdicción, los jueces apelan la decisión, calificándola como una ruptura de más de un siglo de precedentes en el servicio civil. Una contradicción notable surgió con Carmen María Rey Caldas, de 46 años, exjueza nombrada en 2022 por el exfiscal general Merrick Garland. Rey Caldas, inmigrante de primera generación nacida en España solo 4 años después de la muerte del dictador Francisco Franco, y llegada a EE. UU. a los 11 años, recibió indemnización por despido, un beneficio típicamente reservado para empleados separados sin causa justificada. "El gobierno no declara una razón", señaló, sugiriendo que el pago "implica que no hubo causa". Un análisis de NPR encontró que muchos de los jueces despedidos venían de antecedentes de defensa de inmigrantes, aunque el Departamento de Justicia niega haberlos atacado por su experiencia previa.
Agosto de 2025: Militares en el estrado y la erosión de la experiencia
Para llenar las crecientes vacantes, la administración Trump lanzó una campaña de contratación pública, buscando candidatos para "convertirse en juez de deportación" – un lenguaje que refleja la agenda central. El 27 de agosto de 2025, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó hasta 600 abogados militares del JAG Corps para servir como jueces de inmigración temporales, eximiéndolos del requisito de 10 años de experiencia en derecho migratorio. Aunque el Pentágono dijo que estos 30 abogados militares desplegados hasta diciembre de 2025 "restaurarían el orden", la medida fue condenada por la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York como una "solución peligrosamente defectuosa a una crisis fabricada". Incluso estos nuevos nombramientos no están a salvo: en diciembre de 2025, Christopher Day, un abogado de la reserva del ejército estadounidense, fue despedido tras solo cinco semanas en el cargo, habiendo concedido asilo o alivio en 6 de sus 11 casos, una tasa que contrastaba con el 78% de órdenes de expulsión de otros jueces militares.
La línea delgada entre la ética y el miedo: ¿Un futuro sin justicia?
La reorganización de los tribunales de inmigración –despidos masivos, intimidación y amenazas– ha creado una tensión insoportable para los jueces restantes, quienes se debaten entre sus obligaciones éticas y la necesidad de conservar sus empleos. Rey Caldas describe reuniones donde les advierten directamente a los jueces que serán "sacados del estrado" si conceden fianza en ciertos casos, con supervisores exigiendo explicaciones por aplazamientos rutinarios. "De repente tienes a este diablo en tu hombro", comenta, "preguntándote si tu carrera se verá afectada, si podrás pagar tus cuentas". Koelsch y otros jueces temen que la pérdida de magistrados experimentados y "neutrales" tenga consecuencias más allá de los tribunales, afectando incluso a ciudadanos estadounidenses; una investigación de ProPublica en octubre de 2025 reveló que más de 170 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos por agentes de inmigración. Mientras la administración busca un objetivo de 1 millón de deportaciones anuales, habiendo ya expulsado a más de 605,000 personas desde enero de 2025, y con las tasas de asilo en mínimos históricos, los jueces advierten que esta erosión judicial podría reconfigurar la justicia mucho más allá de la inmigración. "Si estamos dispuestos a aceptar esto aquí", sentencia Rey Caldas, "obviamente esto también puede ocurrir en los tribunales penales, fiscales, y en cualquier otro procedimiento federal". Muchos proponen establecer una corte de inmigración independiente, libre del control ejecutivo, pero la amenaza de que "el presidente pueda decir quién obtiene estatus migratorio y quién no, independientemente de la ley", ya ha corroído los cimientos de lo que, según Rey Caldas, es la idea de que "Estados Unidos es un país de leyes", con implicaciones alarmantes para el estado de derecho a nivel global.
Crédito de imagen: Fuente externa
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