El proyecto del Centro de Salud de Ambo, concebido para cerrar la brecha de atención sanitaria en la provincia huanuqueña, se encuentra hoy en un punto de quiebre que amenaza con convertir la inversión pública en un activo irrecuperable. Lo que debió ser una infraestructura de vanguardia bajo las normativas de salud actualizadas en 2015, ha derivado en un expediente técnico mutilado y un terreno en disputa judicial. El origen de este colapso, según especialistas, radica en la violación sistemática de los protocolos de inversión pública y una preocupante improvisación en las etapas de preinversión y diseño.
La parálisis de la obra no es una contingencia aislada, sino la consecuencia de haber ignorado requisitos de saneamiento físico-legal que el sistema Invierte.pe exige como condición sine qua non para la viabilidad de cualquier proyecto estatal. Hoy, la estructura física colisiona con derechos de propiedad de terceros, mientras los fondos públicos destinados a la salud de miles de ciudadanos permanecen "amarrados" a los plazos de un juzgado, dejando a la población en el mismo estado de vulnerabilidad que hace una década.
El "vicio de origen"
El arquitecto Walter Vladimir Bruno Solero, especialista en infraestructura hospitalaria y exdecano del Colegio de Arquitectos de Huánuco, ha desnudado la precaria base administrativa sobre la que se intentó levantar el centro de salud. Según Bruno Solero, el proyecto padece de "vicios de origen" que datan de su fase de formulación inicial en el año 2016. El error fundamental, sostiene, fue avanzar hacia la etapa de ejecución sin haber resuelto la titularidad del predio donde se proyectó la obra.
“Para hacer un proyecto de inversión se necesita tener saneamiento físico-legal desde la priorización”, sostuvo de manera tajante el arquitecto Bruno Solero. El especialista detalló que la unidad formuladora y la Municipalidad Provincial de Ambo, como ente ejecutor, ignoraron que la libre disponibilidad del terreno es un requisito obligatorio ante el Comité Regional de Inversiones en Salud (CRIS). Esta omisión técnica ha permitido que la obra se inicie sobre un predio cuya propiedad está hoy bajo un cuestionamiento legal irreversible.
La falla institucional es profunda. Según el análisis del exdecano, la aprobación del acta del CRIS fue solo el inicio de una cadena de errores. Al no garantizar que el Estado era el dueño legítimo del área de intervención, se vulneró el principio de seguridad jurídica que rige toda inversión pública. La consecuencia inmediata es que hoy, en plena ejecución de partidas, el proyecto ha sido frenado por medidas legales interpuestas por colindantes que aducen ser los verdaderos propietarios de sectores del terreno intervenido.
La mutilación técnica: el olvido de la geodesia y la topografía
El diagnóstico técnico del arquitecto Bruno Solero sobre el expediente definitivo es alarmante. Reveló que en la etapa de elaboración del estudio no se incorporaron estudios geodésicos ni de georreferenciación, herramientas que permiten delimitar con precisión milimétrica los linderos de una propiedad y sus colindancias. Sin esta base científica, el diseño arquitectónico se realizó "a ciegas", invadiendo potencialmente espacios que no pertenecen a la municipalidad.
"Obviamente que estos problemas resaltan porque la ejecución propia conlleva ejecutar partidas y esto pues seguramente la persona que ha estado aduciendo ser propietario, pues ha tomado una medida legal", advirtió Bruno Solero. La ausencia de un estudio topográfico riguroso impidió detectar a tiempo la superposición de áreas. Para el experto, es inconcebible que se haya autorizado la inversión de millones de soles sin un informe de compatibilidad de terreno que contrastara la realidad física con los títulos registrados.
Incumplimiento del Invierte.pe: responsabilidad administrativa
El sistema de inversión pública Invierte.pe establece una ruta crítica que fue ignorada en Ambo. Cada etapa —desde la formulación hasta el expediente técnico— requiere filtros de control que debieron detectar la falta de saneamiento. La inexistencia de un informe técnico legal que validara la selección del predio y su factibilidad de servicios pone bajo la lupa a los funcionarios que dieron luz verde a cada fase del proyecto, exponiéndolos a graves sanciones administrativas y penales.
El arquitecto Bruno Solero cuestionó la ética de la gestión al priorizar el gasto sobre la resolución de conflictos: “¿Vamos a trabajar sobre un terreno que está en litigio? Primero resolvemos el tema, digamos de manera conciliatoria”. Según su perspectiva, la Municipalidad de Ambo debió buscar un "justiprecio" o un saneamiento provisional negociado antes de licitar la construcción. Al no hacerlo, la obra se ha convertido en un laberinto judicial cuya salida podría tardar años, mientras el costo del proyecto sigue elevándose por gastos generales y posibles arbitrajes.
El contraste con la desatención operativa
La crisis estructural de Ambo se proyecta sobre un sistema de salud regional que ya opera en condiciones críticas. En provincias cercanas como Dos de Mayo, el servicio de salud muestra síntomas de colapso no por falta de ladrillos, sino por deficiencias de gestión humana. Pacientes de zonas rurales denuncian que, a pesar de viajar durante horas, se enfrentan a locales cerrados o personal que incumple horarios, obligándolos a pernoctar a la intemperie bajo temperaturas extremas para alcanzar una cita médica.
"Venimos desde lejos, madrugamos, pero no nos atienden. Tenemos que regresar más tarde y seguir esperando, incluso en el frío", relató un usuario afectado por la desatención en La Unión. Esta realidad subraya la tragedia de Ambo: mientras en una provincia el servicio falla por falta de compromiso del personal, en la otra, la oportunidad de tener un hospital moderno se desvanece por la impericia de quienes diseñaron el proyecto. La exposición al frío de niños y ancianos en salas de espera improvisadas es el costo humano directo de la ineficiencia que Bruno Solero denuncia en los despachos de ingeniería.
Un futuro hipotecado por la falta de rigor
El Centro de Salud de Ambo se encamina a ser un nuevo caso de "obra paralizada" en la región Huánuco. El análisis técnico legal es concluyente: sin la resolución del litigio con los propietarios colindantes y sin la validación de un estudio de suelos y geodesia que debió realizarse en 2016, el proyecto carece de sostenibilidad. La inversión pública, en lugar de generar salud, está generando un conflicto social y legal de proporciones mayores.
El próximo paso institucional, según lo proyectado por el análisis de Bruno Solero, debería ser una auditoría exhaustiva al expediente técnico y a la cadena de aprobaciones de la unidad formuladora. La ciudadanía de Ambo, que espera esta infraestructura desde hace casi una década, queda ahora a la expectativa de un fallo judicial que defina si el hospital puede continuar o si deberá ser rediseñado en una ubicación distinta, lo que significaría volver al punto cero de la inversión pública.
La lección que deja Ambo para la región es amarga: la prisa por anunciar obras o la omisión deliberada de requisitos técnicos para "agilizar" proyectos termina siempre en el tribunal. La salud pública de Huánuco no solo requiere presupuestos, sino, sobre todo, el retorno al rigor técnico y la honestidad en el diseño de los expedientes que sostienen el bienestar de la población.
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