HOMOLOGACIÓN PROGRESIVA DE LOS CAS

Mientras se discuten cifras y presupuestos en el legislativo, hay una realidad que no puede seguir esperando, la de miles de trabajadores CAS en nuestro país. El régimen 1057 fue concebido como una herramienta temporal. Sin embargo, el tiempo lo ha convertido en un régimen laboral que genera brechas dentro del propio Estado. Hoy tenemos trabajadores que cumplen las mismas funciones, bajo las mismas exigencias, pero con condiciones distintas. Esa situación no fortalece al Estado; lo debilita.

Este escenario refleja una de las contradicciones más persistentes en la administración pública peruana: la coexistencia de distintos regímenes laborales que, lejos de complementarse, profundizan desigualdades. El Contrato Administrativo de Servicios, creado con la intención de dar flexibilidad al Estado, ha terminado consolidándose como una modalidad permanente para miles de servidores públicos. Esta permanencia no planificada ha generado un sistema fragmentado, donde la estabilidad, los beneficios y las oportunidades de desarrollo no dependen del mérito o la función, sino del tipo de contrato bajo el cual se labora.

El problema no es menor, la existencia de múltiples regímenes laborales dentro del Estado impacta directamente en la eficiencia institucional. Cuando dos trabajadores realizan funciones equivalentes, pero reciben remuneraciones distintas o cuentan con beneficios dispares, se erosiona la motivación, se debilita el sentido de pertenencia y se incrementa la rotación de personal. En consecuencia, el Estado pierde capacidad operativa y continuidad en sus políticas públicas.

Frente a esta situación, lo que se debe proponer es una reforma responsable. No se trata de adoptar soluciones improvisadas ni de generar compromisos fiscales inviables, sino de diseñar una estrategia técnica y sostenible en el tiempo. Dentro de este enfoque, resulta clave impulsar una política de homologación progresiva de ingresos. Esta medida debe basarse en criterios objetivos como la función desempeñada, la experiencia acumulada y el nivel de responsabilidad asumido por cada trabajador.

La homologación progresiva permitiría cerrar brechas de manera ordenada, evitando impactos bruscos en el presupuesto público. Además, contribuiría a establecer un principio de equidad dentro del Estado: a igual trabajo, igual remuneración. Este principio no solo es justo, sino que también es fundamental para fortalecer la legitimidad de la administración pública ante la ciudadanía.

Sin embargo, la discusión no puede limitarse únicamente a los ingresos. Es necesario revisar el modelo actual del servicio civil en su conjunto. El Perú requiere un sistema que garantice estabilidad laboral, promueva una meritocracia real y reconozca el esfuerzo de quienes dedican su vida al servicio público. Esto implica repensar los mecanismos de ingreso, evaluación y promoción dentro del Estado.

Una carrera pública moderna debe ofrecer oportunidades claras de desarrollo profesional. Los servidores públicos necesitan saber que su esfuerzo será recompensado no solo con mejores ingresos, sino también con posibilidades de crecimiento. Esto requiere sistemas de evaluación transparentes, capacitaciones constantes y una gestión del talento humano que priorice el desempeño y la vocación de servicio.

Asimismo, es fundamental abordar el tema de los beneficios laborales. Elementos como el CAFAE y la asignación familiar no pueden seguir siendo privilegios de algunos regímenes mientras otros quedan excluidos. Su implementación debe realizarse de manera gradual, en coordinación con los sectores competentes y asegurando que cada avance cuente con respaldo presupuestal. Este enfoque permitirá ampliar derechos sin comprometer la sostenibilidad fiscal del país.

La gradualidad es clave en cualquier proceso de reforma. Intentar resolver en el corto plazo problemas estructurales acumulados durante años puede generar efectos contraproducentes. Por ello, es necesario establecer cronogramas claros, metas alcanzables y mecanismos de seguimiento que garanticen el cumplimiento de los objetivos planteados.

No obstante, hay un elemento que no puede ser ignorado en este proceso: la participación de los trabajadores. Las decisiones técnicas y políticas deben tomarse en coordinación con las organizaciones sindicales. Estos espacios de diálogo permiten recoger la experiencia de quienes conocen de primera mano las limitaciones del sistema y, al mismo tiempo, contribuyen a generar consensos que faciliten la implementación de las reformas.

El diálogo social no debe entenderse como un obstáculo, sino como una herramienta para mejorar la calidad de las políticas públicas. Incorporar la voz de los trabajadores no solo enriquece las propuestas, sino que también fortalece su legitimidad. Cuando las reformas son construidas de manera participativa, es más probable que sean sostenibles en el tiempo.

Además, la articulación entre el Ejecutivo, el Legislativo y los organismos técnicos será fundamental para avanzar en esta agenda. La reforma del servicio civil no puede depender de esfuerzos aislados ni de decisiones coyunturales. Requiere una visión de Estado, capaz de trascender gobiernos y consolidar un sistema que responda a las necesidades del país.

En este contexto, también es importante considerar el impacto de estas reformas en la calidad de los servicios públicos. Un Estado con trabajadores motivados, capacitados y adecuadamente remunerados está en mejores condiciones de atender las demandas de la ciudadanía. La mejora de las condiciones laborales no es un fin en sí mismo, sino un medio para fortalecer la gestión pública y generar mejores resultados, es necesario reconocer que el cambio no será inmediato ni sencillo. La transformación del régimen CAS y del servicio civil en general implica enfrentar resistencias, superar limitaciones presupuestarias y coordinar múltiples actores. Sin embargo, postergar esta discusión solo profundizará las desigualdades existentes y continuará debilitando al Estado.

Apostar por una reforma responsable, progresiva y participativa no solo permitirá reducir brechas, sino también construir un Estado más justo, eficiente y al servicio de todos los ciudadanos.