Una nueva denuncia vuelve a sacudir el control del transporte urbano en Huánuco. Clever Crespo Picón, gerente de la empresa La Merced, aseguró que fue víctima de presuntos cobros indebidos durante operativos municipales y señaló directamente al inspector José Luis Albornoz como quien habría solicitado dinero para “dejar trabajar” a sus unidades. El transportista no solo reiteró sus acusaciones, sino que también admitió públicamente haber entregado pagos —a los que llamó “bolsas”— bajo presión y anunció que presentará audios ante la Fiscalía Anticorrupción.
Según su versión, los pagos se habrían dado en varias oportunidades en montos de S/200, S/400 y S/500, y afirmó que el conflicto escaló cuando le habrían exigido S/800, pedido que dijo haber rechazado. Aseguró que los supuestos cobros se realizaban en puntos específicos como el paradero de la cuadra 9 del jirón Huánuco con Bolívar, y añadió que en una ocasión el inspector incluso habría ido a su casa a pedirle dinero “prestado” que —según indica— nunca le devolvió.
El empresario sostuvo que estas prácticas no serían aisladas ni recientes, y que se arrastrarían desde gestiones anteriores. En su relato, el mecanismo se repetía: presiones, hostigamiento, amenaza de depósito y, como salida, el pago. “Para que no hagan operativo”, afirmó, se entregaban sumas que terminaban condicionando el trabajo diario de los transportistas.
Fiscalía Anticorrupción
Crespo Picón informó que fue notificado por la Fiscalía Anticorrupción para presentarse y declarar. Señaló que acudirá para ampliar su testimonio y formalizar la entrega de evidencias. Afirmó contar con entre cinco y siete audios que, según sostiene, revelarían presuntas irregularidades en la gestión del área de transportes municipal y en la ejecución de operativos.
Aunque reconoció que ya no cuenta con una conversación específica —dijo que “se borró”— insistió en que hay elementos que respaldan su denuncia: mencionó papeletas, supuestas anulaciones posteriores, y posibles declaraciones de su esposa y conductores. También aseguró que existe un audio con referencias a otros presuntos cobros, incluyendo menciones a paraderos donde se habría pedido S/20 mil, y que ese material será entregado al Ministerio Público.
Durante la entrevista también se le consultó por pruebas directas de entrega de dinero. El transportista admitió que no tiene un registro audiovisual del momento del pago, pero se reafirmó en lo dicho y sostuvo que lo ocurrido fue “a vista y paciencia” de varias personas.
Carta notarial
La denuncia se produce en un contexto de tensión creciente entre transportistas y la municipalidad. Crespo Picón indicó que el inspector señalado le habría enviado una carta notarial exigiendo rectificación, pero él respondió y aseguró que no se retractará. Incluso advirtió que, si se activa una denuncia por difamación, él también recurrirá a acciones legales por daños y perjuicios.
En paralelo, el empresario afirmó que un grupo de transportistas —mencionó más de 100 empresas— evalúa medidas de presión si no se toman decisiones en el área municipal. Aseguró que este jueves, desde las 8:30 a.m., se reunirán para definir acciones y discutir la elaboración de una “nueva ordenanza”, y que si no se produce un cambio en la conducción del área de Transportes, podrían ir a una paralización.
Además, denunció presunto trato desigual en los operativos, indicando que algunas empresas serían intervenidas constantemente, mientras otras no serían fiscalizadas. “Si hay norma, que sea para todos”, sostuvo, planteando que el problema no es la fiscalización en sí, sino la forma en que se aplicaría.
Con el anuncio de audios y la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, el caso abre un frente delicado: una denuncia pública con admisión de pagos, señalamientos directos a un inspector y la posibilidad de que las investigaciones revelen —o descarten— una red de presuntas irregularidades en el sistema de control del transporte en Huánuco.










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