Documentos fiscales y declaraciones de colaboradores eficaces exponen pagos de hasta US$ 200,000 para alterar sondeos electorales entre 2010 y 2016 La credibilidad de las encuestas electorales en el Perú vuelve a ser cuestionada tras la difusión de documentos fiscales y testimonios que vinculan a la constructora Odebrecht con la manipulación de estudios de opinión en al menos dos procesos electorales. Según el semanario Hildebrandt en sus Trece, declaraciones del colaborador eficaz Horacio Cánepa detallan pagos por US$ 200,000 destinados a influir en mediciones durante campañas municipales y presidenciales entre 2010 y 2016. De acuerdo con el testimonio recogido por el Ministerio Público, Cánepa afirmó que Lourdes Flores Nano recibió financiamiento de Odebrecht para contratar encuestas durante la campaña municipal de 2010, con un desembolso de US$ 15,000 en efectivo para un estudio específico. El documento precisa que estos pagos se realizaron entre mayo y julio de ese año, periodo clave en la consolidación de candidaturas en Lima Metropolitana. El mismo expediente indica que las encuestas no solo eran financiadas, sino también alteradas. Cánepa sostuvo que una segunda medición, encargada a CPI y dirigida por Manuel Saavedra, implicó pagos adicionales de US$ 10,000 con el objetivo de modificar cifras a favor de Flores Nano. Según su declaración, una encuesta mensual difundida por Correo y RPP habría costado US$ 5,000 y también fue objeto de ajustes. El historial de errores y distorsiones El semanario recuerda que las fallas en encuestas no son un fenómeno reciente. En las elecciones de 2021, Pedro Castillo pasó de 3% de intención de voto —ubicado en el séptimo lugar— a obtener 18,9% en la primera vuelta, triplicando las proyecciones iniciales en un lapso de apenas siete días. Este salto evidenció márgenes de error superiores al 10% en algunos estudios. En el plano histórico, el informe cita las elecciones de 1990, cuando Alberto Fujimori aparecía con apenas 4,8% en los sondeos de Datum dos semanas antes de los comicios, pero terminó alcanzando 29% y desplazando a Mario Vargas Llosa a una segunda vuelta inesperada. El contraste entre ambos resultados expone una desviación de más de 24 puntos porcentuales en la estimación. Según explicó el psicólogo social Hernán Chaparro, exdirector del IEP, las encuestas en el Perú enfrentan limitaciones estructurales. “No serán nunca modelos de 60 o 70 puntos como las elecciones pasadas”, indicó al semanario, aludiendo a la fragmentación electoral actual, donde seis candidatos pueden concentrar entre 3,9% y 6,8% de intención de voto en escenarios altamente volátiles. Financiamiento y control de la información El caso Odebrecht introduce un elemento adicional: la posible interferencia directa en la producción de datos. Según Cánepa, el objetivo no era solo medir preferencias, sino influir en ellas mediante la difusión estratégica de resultados. “Nunca recibí pagos en efectivo”, afirmó Lourdes Flores, según recoge el documento fiscal, aunque reconoció la contratación de estudios con financiamiento formal. El analista político Gonzalo Banda sostuvo que las encuestas pueden generar efectos de arrastre en electores indecisos, especialmente en contextos donde entre 10% y 11% del electorado no define su voto hasta los últimos días. En ese escenario, pequeñas variaciones en los sondeos podrían traducirse en traslados de votos decisivos. Desde el sector empresarial, la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados (Apeim) ha insistido en que las encuestas formales cumplen estándares técnicos y que los problemas se originan en estudios no transparentados. Sin embargo, el reportaje señala que el financiamiento de algunos sondeos no siempre es declarado, lo que dificulta rastrear su origen y propósito. Impacto político y lo que está en juego En el plano legislativo, estos hallazgos reabren el debate sobre la regulación de encuestas, particularmente en los 15 días previos a elecciones, periodo en el que actualmente está prohibida su difusión. Especialistas han planteado ampliar los controles a financiamiento y metodología, aunque no existe consenso en el Congreso sobre eventuales reformas. En términos económicos, la industria de estudios de opinión moviliza miles de soles por encuesta —con costos promedio de S/ 55 por entrevistado y muestras de entre 1,200 y 1,300 personas— lo que implica inversiones cercanas a US$ 20,000 por estudio. La intervención de capitales externos, como en el caso Odebrecht, distorsiona este mercado. El impacto social también es relevante. Para millones de votantes, las encuestas constituyen una referencia clave para definir su voto útil. Si estos instrumentos pierden credibilidad, se debilita uno de los principales mecanismos de información electoral. En el plano político, los candidatos con menor exposición podrían verse particularmente afectados por eventuales manipulaciones. A menos de nuevos procesos electorales, el caso plantea interrogantes
