La Defensoría del Pueblo en Huánuco ha identificado una cadena de negligencias institucionales que permitió la demolición sistemática de parte de la infraestructura del nuevo Centro de Salud de Ambo. Marco Durand Rocca, titular de la entidad en la región, sostuvo que la Procuraduría de la Municipalidad Provincial de Ambo abandonó la defensa del patrimonio estatal en un litigio que se arrastra desde 2011, dejando la atención médica de miles de ciudadanos supeditada a un conflicto de propiedad privada.
Según precisó Durand Rocca, la beneficiaria de una sentencia judicial por usurpación agravada tomó posesión de aproximadamente 400 metros cuadrados del predio y ordenó el inicio de una demolición no autorizada. Para el defensor, la ciudadana no estaba facultada para destruir la edificación, un acto que calificó como un "perjuicio sistemático" contra una obra pública que estaba próxima a ser entregada para redistribuir los servicios de salud de la provincia.
El conflicto revela una parálisis de las entidades llamadas a cautelar los bienes del Estado. Durand Rocca lamentó la "no participación oportuna" de la municipalidad, en su calidad de dueña de la obra, así como la ausencia de la empresa constructora y la falta de intervención de la Policía Nacional y el Ministerio Público de Ambo, que no actuaron frente a una "noticia criminal" de destrucción de propiedad pública en flagrancia.
Una década de abandono jurídico
La crisis no es un evento aislado, sino el resultado de un vacío legal que comenzó hace 13 años. Durand Rocca cuestionó severamente el papel de los procuradores municipales que han pasado por la gestión desde 2011 hasta la fecha. Según el defensor, el Procurador Regional de Huánuco también fue notificado del caso, pero este se habría limitado a responder que la administración regional "no era parte en el proceso", una postura que la Defensoría califica de extraña dada la naturaleza del bien afectado.
Para intentar rescatar la infraestructura y garantizar la continuidad del servicio, la Defensoría del Pueblo ha sugerido formalmente que el Gobierno Regional de Huánuco y la Municipalidad de Ambo procedan con la compra directa del terreno a la propietaria. Durand detalló que la mujer cuenta con un título de propiedad debidamente inscrito y una sentencia favorable que difícilmente será revertida por la vía administrativa sin un nuevo y prolongado proceso judicial.
"Si se opta por un juicio de nulidad de contrato o inejecución de sentencia, esto tomaría entre uno y seis años", advirtió Durand Rocca. En ese escenario, el funcionario enfatizó que los únicos perdedores son los pacientes del sector salud, quienes ven cómo una infraestructura vital para la provincia termina convertida en escombros por una "situación mal entendida" de ejecución de sentencia y una defensa jurídica estatal inexistente.
El riesgo de una medida cautelar tardía
Aunque recientemente se ha dictado una medida cautelar que prohíbe a la posesionaria continuar con las modificaciones o demoliciones en el predio, persiste la duda sobre quién garantizará el cumplimiento de esta orden dentro del local cerrado. Durand Rocca insistió en que la administración del bien está bajo responsabilidad de la ganadora del juicio, pero que el Ministerio Público y la Procuraduría deben verificar de forma constante que no se altere más la estructura.
La situación en Ambo es el reflejo de una vulnerabilidad sistémica en la gestión de proyectos de salud en la región. Mientras la infraestructura permanece en disputa y bajo riesgo de mayor deterioro, la población de Dos de Mayo y otras zonas cercanas —como se observa en las quejas del centro de salud de La Unión— continúan enfrentando esperas prolongadas y servicios deficientes, evidenciando una brecha que las autoridades locales aún no logran cerrar.
El futuro del Centro de Salud de Ambo depende ahora de la celeridad con la que el Gobierno Regional acepte la vía de la adquisición directa del predio. De lo contrario, el proyecto corre el riesgo de quedar estancado en un laberinto procesal, mientras la infraestructura ya dañada sigue expuesta a la intemperie y al arbitrio de una posesionaria que, hasta el momento, ha actuado sin contrapesos institucionales efectivos.
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