La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso aprobó por unanimidad un dictamen que propone incorporar el uso obligatorio y progresivo de cámaras corporales para efectivos de la Policía Nacional del Perú durante intervenciones en la vía pública o en otros espacios donde se requiera registro probatorio.
La iniciativa, respaldada con 19 votos, plantea modificar el Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, mediante la incorporación del artículo 43-A. Según el texto aprobado, la PNP deberá implementar estos dispositivos de manera progresiva, garantizando además la seguridad en el tratamiento de los datos personales que puedan registrarse durante las intervenciones.
Transparencia y registro probatorio
El dictamen se sustenta en los proyectos de ley 10511/2024-CR y 13477/2025-CR. De acuerdo con la propuesta, las cámaras corporales estarían dirigidas al personal policial que realice acciones en la vía pública o en cualquier otro lugar donde la intervención pueda generar controversia, denuncias posteriores o necesidad de evidencia para una investigación.
La presidenta de la comisión, Karol Paredes Fonseca, señaló que diversos estudios coinciden en que estos dispositivos pueden contribuir a mejorar el desempeño policial y fortalecer la confianza pública. También sostuvo que las cámaras corporales permitirían contar con evidencia objetiva en procesos judiciales, atender con mayor rapidez quejas o denuncias y generar material útil para la capacitación del personal policial.
No obstante, la implementación progresiva planteada en el dictamen implicará definir criterios técnicos, presupuesto, protocolos de uso, almacenamiento de imágenes y mecanismos de protección de datos personales. Estos aspectos serán claves para evitar un uso discrecional del material audiovisual y garantizar que el registro cumpla una finalidad probatoria y de control institucional.
La propuesta también abre un debate sobre la supervisión de las intervenciones policiales en contextos de alta conflictividad social, operativos de control de identidad, acciones contra la delincuencia común y procedimientos que puedan derivar en denuncias por abuso de autoridad. En esos escenarios, el registro audiovisual podría servir tanto para proteger derechos ciudadanos como para respaldar la actuación legítima de los efectivos policiales.
Durante la misma sesión, la Comisión de Defensa aprobó por mayoría otro dictamen que declara de interés nacional el financiamiento de proyectos de infraestructura para comisarías y el fortalecimiento del sistema de inteligencia policial. Esta segunda propuesta obtuvo 15 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
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