Los trabajadores CAS de Huánuco salieron a reclamar que la ley que reconoce CTS y gratificaciones al 100% no se convierta en una promesa a plazos. Timoteo Cabrera, secretario sindical del Sutrad Huánuco de la Ugel Huánuco, sostuvo que la norma fue aprobada el 26 de marzo y debe cumplirse de manera inmediata.
Según Cabrera, el Gobierno central, a través de la PCM y del Ministerio de Economía, plantea una fórmula de pago gradual. El dirigente indicó que esa propuesta empezaría con un 10% en 2026, seguiría con un 20% en 2027 y avanzaría progresivamente hasta llegar al 100% recién hacia 2030.
El reclamo se concentra en dos derechos laborales: CTS y gratificaciones completas. Cabrera explicó que la gratificación equivale a un sueldo en julio y otro en diciembre. Para los trabajadores CAS, aceptar un pago parcial significaría postergar durante años un beneficio que, según sostienen, ya fue reconocido por ley.
Una ley frente al calendario del MEF
El dirigente afirmó que los CAS llevan 16 años bajo un régimen que consideran discriminatorio. También señaló que el impacto no se limita a Huánuco ni a un solo sector estatal. Según sus cálculos, hay más de 350 mil trabajadores CAS a nivel nacional y, considerando sus familias, cerca de un millón de personas podrían verse afectadas.
La protesta incluyó arengas y llamados a los medios para visibilizar el reclamo desde Huánuco. Los manifestantes insistieron en que no piden un nuevo ofrecimiento, sino el cumplimiento de una norma que, según Cabrera, ya está aprobada.
El reclamo escala al terreno político
El dirigente también cuestionó declaraciones atribuidas a Keiko Fujimori sobre la posibilidad de llevar la ley al Tribunal Constitucional. Para Cabrera, esa postura representa una amenaza contra los trabajadores CAS, aunque ese punto requiere recoger directamente la posición de la mencionada lideresa política para una nota de mayor contraste.
El ángulo central es laboral, pero también político. El reclamo CAS golpea al Ejecutivo porque plantea una tensión entre reconocimiento de derechos y disponibilidad presupuestal. Si el Gobierno insiste en la gradualidad, los sindicatos buscarán instalar la idea de que una ley aprobada puede quedar vaciada por la vía del calendario.
Huánuco, en ese contexto, aparece como parte de una presión nacional. La demanda de los trabajadores es simple y potente: que el Estado no les pague por partes un derecho que ellos consideran completo desde la aprobación de la ley.
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