Entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, que dominan el Valle de México, se abre un collado a más de 3.600 metros de altura por el que, en noviembre de 1519, la expedición del conquistador español Hernán Cortés cruzó rumbo a Tenochtitlán. Desde entonces, ese paraje lleva su nombre: Paso de Cortés.
El pasado 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso dejar de llamarlo así y rebautizarlo como Paso de los Pueblos Indígenas, "porque por aquí pasaron los pueblos mucho antes".
Una cruzada contra la historia colonial
No es la primera vez que Sheinbaum mueve el nomenclátor nacional. En 2021, cuando era jefa de Gobierno de Ciudad de México, cambió el Puente de Alvarado por la Calzada México-Tenochtitlan y rebautizó el Árbol de la Noche Triste como de la Noche Victoriosa.
La propuesta se inscribe en una cruzada que la mandataria comparte con su mentor político, Andrés Manuel López Obrador, ambos del izquierdista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), contra lo que consideran una versión colonialista de la historia oficial de México.
Desde que llegó a la presidencia en 2018, López Obrador convirtió la reivindicación del pasado indígena en una seña de identidad de su proyecto, al punto de exigir en 2019 que la Corona española y el Vaticano pidieran perdón por los abusos cometidos hace 500 años. España rechazó la demanda de plano, lo que llevó la relación bilateral al borde de la ruptura diplomática.
Seis años después, la propuesta de renombrar el Paso de Cortés reabre esa disputa. DW consultó a dos historiadores: Alicia Mayer, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y Enrique Ortiz, divulgador y autor de "La Conquista para gente con prisa", que divergen sobre el sentido y la utilidad de la controversia.
Un maniqueísmo que incomoda
Para Mayer, el gesto tiene un valor legítimo, aunque insuficiente. "Es una propuesta que quiere poner de relieve una realidad histórica que durante mucho tiempo quedó eclipsada: los indígenas ya transitaban esos territorios", explica a DW. Pero advierte contra los reemplazos que borran en lugar de sumar: "No se trata de escoger entre una historia y otra; deben estar las dos".
Su propuesta es que el lugar se llame Paso de Cortés y de los Pueblos Indígenas, acompañado de una explicación histórica in situ. Al fin y al cabo, recuerda, cuando Cortés cruzó ese paraje "no sabía que iba a acabar conquistando la ciudad de Tenochtitlan. Iba construyendo su camino al andar".
Ortiz, en cambio, lo considera un despropósito. "Me parece un sinsentido, habiendo tantas cosas importantes que atender en la actualidad en México", dice a DW. A su juicio, detrás de la medida hay una simplificación peligrosa: "No es blanco o negro, hay una infinidad de matices en la historia de México donde esa lógica no funciona".
Le incomoda, sobre todo, el maniqueísmo que ve crecer alrededor de la Conquista, con "una especie de hispanofobia, un fetichismo" que busca héroes y villanos donde hubo, sostiene, un fenómeno mucho más complejo: gran parte del ejército de Cortés estaba compuesto por aliados indígenas, y la propia caída de Tenochtitlan en 1521 fue, en su lectura, tanto una guerra entre pueblos originarios como una guerra contra un imperio europeo.
¿Bombas de humo para distraer?
Sobre la pregunta si el Estado debe recuperar la memoria indígena, o si se trata de una manipulación política, la distancia entre ambos se ensancha. Mayer no exime al Estado de sospecha, pero matiza: "Toda política de memoria tiene una dimensión política. Seleccionar qué recordamos y cómo lo nombramos implica valores", enfatiza la académica que ha dado clases en las universidades de Oxford y Harvard.
Lo que le preocupa no es que el Estado participe en esa disputa —inevitable, dice—, sino que pretenda cerrarla: "Me preocupa que el Estado pretenda una única interpretación legítima del pasado y descalifique a las demás. No puedes borrar por decreto 300 años de historia colonial".
Ortiz va más lejos: "Es un tema de agenda política, incluso un distractor: sueltan bombas de humo para crear polémica, división y distraer la atención de otros temas incómodos", afirma, mencionando la ley de medios en discusión y los señalamientos sobre vínculos entre gobernadores y crimen organizado.
Para él, el patrón se repite en cada gobierno: "Hay un sesgo que viene del poder, por manosear la historia de acuerdo con la agenda de quienes gobiernan", resume.
No basta con cambiar nombres para descolonizar la memoria
Para Mayer, un punto crucial es ir más allá de lo simbólico. Descolonizar la memoria, sostiene, "significa revisar críticamente las formas en que hemos construido nuestra representación del pasado" —incorporar las voces indígenas que la historiografía tradicional relegó a un papel secundario—, y eso exige mucho más que un letrero nuevo: "programas educativos, apoyo a archivos y proyectos de historia oral, transformar cómo se presentan las colecciones de los museos".
Y añade una advertencia que pocos discursos oficiales incluyen: la urgencia no está solo en el pasado. "Hay una limitación en el presente de vida de las poblaciones indígenas. Se debe atender con urgencia, darles salud, educación, más que cambiar el nombre", dice, y recuerda que tampoco conviene tratar "a la población indígena como algo homogéneo": son sociedades atravesadas por sus propios conflictos y rivalidades.
Para Ortiz, lo que hace falta no es más gesto oficial, sino más matiz: recuperar los testimonios del "choque de los dos mundos" desde la experiencia indígena, documentar la violencia que seleccionó qué historias se contaban, y abrir espacio a publicaciones que, como hizo Miguel León-Portilla en "Visión de los vencidos", aborden la complejidad del relato "de una manera reflexiva y no con tintes políticos".
Su temor es que la simplificación —venga de donde venga— entorpezca antes que ayude: "La historia es para estudiar y reflexionar hacia el pasado y el futuro pasando por el presente. La historia no es solo una: hay muchas historias, y la simplificación crea mucho odio en las sociedades".
Un fenómeno más amplio que México
La disputa mexicana no ocurre en el vacío. En América Latina, la memoria histórica lleva décadas siendo terreno de batalla política de toda índole ideológica. Hugo Chávez hizo en Venezuela de la figura de Simón Bolívar el eje de toda una mitología de Estado, hasta el punto de ordenar la exhumación de sus restos en 2010 para —según dijo entonces— esclarecer las causas de su muerte.
Nayib Bukele, en El Salvador, mandó retirar en 2021 el monumento a la Paz que conmemoraba los Acuerdos de Chapultepec de 1992, un gesto leído por buena parte de la sociedad civil como un intento de enterrar, junto con el monumento, la memoria de la guerra civil y de las responsabilidades que dejó pendientes.
En Perú, el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), museo dedicado a las víctimas del conflicto armado interno, ha sido blanco constante de los sectores más conservadores, que lo acusan de sesgo ideológico; su continuidad institucional vuelve a estar en entredicho bajo un gobierno con fuerte presencia fujimorista, apellido inevitablemente asociado a las violaciones de derechos humanos documentadas durante el gobierno de Alberto Fujimori.
El patrón, más allá de las ideologías de turno, es el mismo: gobiernos de signos opuestos —de izquierda y de derecha, populistas y conservadores— que entienden que controlar el relato del pasado es una herramienta política.
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