Durante el seminario Perú Debate 2026, especialistas alertaron que la corrupción en el país no solo impacta las finanzas públicas, sino también la experiencia cotidiana de los ciudadanos. Según datos expuestos, este problema ocasiona pérdidas anuales de S/ 24,268 millones, equivalentes al 13% del gasto público ejecutado.
El fenómeno de la corrupción en el Perú continúa mostrando dimensiones preocupantes. En el marco del evento organizado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), se informó que las denominadas “coimas” afectan al 67% de la población, evidenciando su arraigo en distintos niveles del Estado.
Impacto más allá de lo económico
Según explicó Jorge Morel, director general del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el problema no debe analizarse únicamente desde indicadores económicos. “Hay un argumento muy fuerte para decir que el costo de la corrupción se vive en la experiencia ciudadana”, señaló durante su intervención.
El especialista también advirtió sobre los altos niveles de desconfianza hacia las instituciones públicas, los cuales —según indicó— están vinculados tanto a la corrupción como a la ineficiencia estatal. En ese sentido, precisó que ambos conceptos suelen confundirse en el debate público, lo que dificulta el diseño de políticas efectivas.
Morel remarcó que, si bien existen propuestas estructurales para enfrentar este problema, estas deben considerar las limitaciones de un Estado en funcionamiento, descartando soluciones inmediatas o radicales.
Propuesta de integridad digital como respuesta
En este contexto, el IEP presentó un documento de política que propone priorizar la integridad digital como herramienta para reducir la corrupción. La iniciativa, según se explicó, plantea el uso de digitalización, analítica de datos e interoperabilidad para disminuir la discrecionalidad en la toma de decisiones y prevenir irregularidades, empezando con un piloto en el sector salud.
Por su parte, la antropóloga Andrea Mejía indicó que el documento sugiere incorporar este enfoque en políticas nacionales vinculadas a inteligencia artificial, Gobierno Digital y Gobierno Abierto, bajo estándares verificables.
Asimismo, se plantea implementar pilotos regionales y transparentar información clave —como atención médica, disponibilidad de medicamentos y denuncias— con datos desagregados. A nivel local, se enfatiza la necesidad de mantener canales presenciales para poblaciones con acceso limitado a herramientas digitales.
La hoja de ruta propuesta contempla metas progresivas: en 100 días definir estándares y consolidar un núcleo de datos; en un año ejecutar el piloto; y en un horizonte de cinco años, extender el modelo a otros sectores, fortaleciendo la vigilancia ciudadana.
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